OCUPACION DE LA POLICIA NO RESUELVE CONFLICTO

La decisión del Gobierno de enviar el domingo a cerca de 2.500 policías a tomar las instalaciones de la más importante universidad del país, tras casi diez meses de huelga, desencadenó todo tipo de reacciones y convirtió el problema en un arma política a sólo cinco meses de las elecciones presidenciales.
Tanto Gobierno como oposición e intelectuales coinciden en reconocer que la ocupación policial de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no acaba con el conflicto universitario, que precisa un serio y largo diálogo.
El secretario de Gobernación (Interior), Diódoro Carrasco, aseguró anoche que las autoridades judiciales revisarán "caso por caso" la situación de los cerca de mil jóvenes detenidos, 745 durante el operativo del domingo y otros 250 tras los enfrentamientos de la pasada semana.
Hasta anoche, la justicia había liberado a unos 115, en su mayoría menores de edad y casi un decena que no tenían relación con la huelga.
Carrasco admitió que la intervención de la policía no soluciona el conflicto y se mostró convencido de que la salida está en los propios estudiantes y en su capacidad de diálogo.
El titular de Gobernación justificó la actuación de la policía por el alarmante aumento de la violencia de los estudiantes, que culminó la pasada semana con un enfrentamiento que concluyó con 250 detenidos y 37 heridos.
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, que supuestamente se enteró del operativo ordenado por el Presidente de México una hora después de su puesta en marcha, fue uno de los primeros en exigir una amnistía para los detenidos no implicados en actos violentos.
El rector, según un comunicado de la Universidad, ordenó anoche a los abogados la retirada de cargos contra los estudiantes y pidió un trato "benevolente y justo" para los acusados.
Intelectuales y catedráticos de la UNAM hicieron un llamamiento a los candidatos y los partidos políticos para que no manipulen el conflicto.
El analista Federico Reyes Heroles pidió a los aspirantes a la Presidencia que no entren en el conflicto y eviten las declaraciones "irresponsables".
El académico Ricardo García Villalobos condenó las manifestaciones políticas que enturbian un problema que, a su juicio, es competencia única de la comunidad universitaria.
El escritor Carlos Monsivais vio en la acción de la policía la primera decisión del candidato del PRI, Francisco Labastida, -favorito en las encuestas electorales- como futuro presidente de México.
Legisladores de los tres principales partidos pidieron un marco de diálogo para resolver el conflicto dentro de la ley.
El candidato de la Alianza por el Cambio, el centroizquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, denunció que el Gobierno actuó deliberadamente para rentabilizar el problema en vísperas de las elecciones.
Cárdenas llegó a pedir una investigación sobre su contrincante del oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex-ministro de Gobernación, Francisco Labastida, para aclarar su supuesta participación en el conflicto.
El conservador Partido de Acción Nacional (PAN) advirtió contra los intentos de rentabilizar políticamente el tema.
La presidenta del PRI, Dulce María Sauri, lamentó la "contradicción" de quienes "primero acusaron al Presidente de indiferencia y ahora de intervenir en la UNAM", y se mostró convencida de que "en el fondo sólo hay intereses de partido en estas críticas".
Académicos y profesores de la UNAM discreparon sobre si la policía debe mantenerse en las instalaciones hasta que se reanuden las clases o debe abandonar los centros universitarios de inmediato, mientras simpatizantes de la huelga advirtieron de que continuarán con la actividad del movimiento estudiantil en Xochimilco, sur de la capital mexicana.
La huelga, que comenzó el pasado 20 de abril en protesta por un incremento de tasas, se convirtió en un movimiento radical que ha afectado a más de 270.000 alumnos y ha supuesto un coste próximo a los mil millones de dólares, según estimaciones extraoficiales.