EL TRAFICO DE ANIMALES PONE EN PELIGRO DE EXTINCION A 33 ESPECIES
El tráfico ilegal de animales salvajes ha puesto en peligro de extinción a 33 especies que habitan el territorio boliviano, hasta ahora el séptimo país del mundo por riqueza de fauna silvestre, denunció la organización Greenpeace.
El tráfico ilegal de animales salvajes ha puesto en peligro de extinción a 33 especies que habitan el territorio boliviano, hasta ahora el séptimo país del mundo por riqueza de fauna silvestre, denunció la organización Greenpeace.
La Comunidad Europea es uno de los principales mercados a los que se destina esta mercancía y ocupa el primer lugar en la importación ilegal de felinos y papagayos, el segundo en primates y serpientes y el tercer puesto en la entrada ilegal de tortugas.
El tráfico de animales y la caza furtiva originó hace algunos años la desaparición de la chinchilla en el territorio boliviano y actualmente pone en peligro inminente de extinción a animales como el armadillo andino, el jaguar, el ocelote o el cóndor de los Andes.
Muchos de los animales víctimas del tráfico ilegal llegan hasta los zoos de las principales ciudades pero la mayoría acaban como mascotas exóticas con sus días de vida contados, son sacrificados para obtener su piel o son usados para experimentos científicos.
Alfredo Pérez, miembro de Greenpeace en la ciudad de Cochabamba, a 400 kilómetros de La Paz, explicó a EFE que no existen datos recientes sobre el volumen que supone este comercio ilegal en Bolivia aunque explicó que este negocio ilícito sólo es superado por el de la venta de armas y el narcotráfico.
Según Greenpeace, el tráfico de especies silvestres ha generado en todo el mundo un movimiento económico superior a los 10.000 millones de dólares y ha dejado al borde de la extinción a más de 700 especies de flora y fauna.
En Bolivia existen 316 especies de mamíferos, 1.274 tipos de aves, 208 de reptiles, 112 anfibios y 389 peces, junto con 49 especies de fauna endémica del ecosistema boliviano.
A pesar de que existe una normativa que prohíbe el transporte y traslado de cualquier especie de flora y fauna, Greenpeace considera que el Gobierno boliviano no cumple con su deber de ejecución de las leyes ambientales, lo que permite a los traficantes actuar con inmunidad
