ESTATALES VUELVEN AL TRABAJO Y ADVIERTEN PARO MAYOR

Los cerca de 800.000 trabajadores del Estado colombiano han regresado a sus puestos tras dos días de huelga contra la política de ajuste económico del Gobierno y con la advertencia de que pueden ir a un paro mayor.

El cese de actividades ha sido el primero que afronta la recientemente instalada Administración del conservador Andrés Pastrana, que asumió el poder el 7 de agosto pasado, y llegó a su fin en la medianoche del jueves (05.00 GMT del viernes).

Marchas masivas por el centro de las principales ciudades colombianas realizadas el jueves constituyeron el acto más vistoso de esta protesta, que fue convocada por la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE).

A excepción de Cali, capital en el oeste del país y donde estudiantes universitarios lanzaron explosivos y piedras contra policías antimotines, las movilizaciones transcurrieron con normalidad.

En cerca del 98 por ciento calculó el presidente de FENALTRASE, Wilson Borja, la adhesión de los estatales a la huelga, que recibió el respaldo de siete federaciones, confederaciones y uniones obreras del país y que para el ministro de Trabajo, Hernando Yepes, constituye una manifestación "inútil".

Los servicios de salud, educación y las telecomunicaciones fueron los más afectados por el paro, que también alcanzó a la compañía estatal del petróleo y a entidades administrativas de orden nacional.

"El balance es altamente satisfactorio desde el punto de vista de la participación", afirmó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), Julio Roberto Gómez.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Luis Eduardo Garzón, dijo al ofrecer un balance a los periodistas que el paro fue "exitoso, como quiera que la movilización ha sido extraordinaria".

Con la huelga de 48 horas los estatales protestaron contra la política de ajuste trazada por el Gobierno de Pastrana en proyectos de índole fiscal y económica presentados al Congreso.

La ampliación del impuesto al valor añadido (IVA) a decenas de productos, incluidos muchos de la canasta familiar, y la advertencia de que los funcionarios públicos no deben esperar en 1998 una subida salarial superior al 14 por ciento, son los puntos de esta reestructuración más cuestionados por la clase obrera.

Durante un encuentro celebrado días antes de la huelga los estatales y los trabajadores del sector privado elaboraron una declaración en la que consideran que el ajuste previsto está encaminado a "consolidar el rumbo que le han trazado a Colombia los neoliberales y a reacomodar la política macroeconómica a los intereses del capital monopolista internacional".

En este contexto, los obreros rechazan la privatización de empresas estatales y la apertura comercial, que piden que sea controlada mediante la reimplantación o elevación de aranceles para importaciones de productos suntuarios.

El dirigente sindical Gómez declaró que "ahora esperamos que el Gobierno nacional (...) abra los escenarios de negociación donde sean resueltos los diferentes problemas de los trabajadores".

Pero la advertencia del ministro de Hacienda y delegado de funciones presidenciales, Juan Camilo Restrepo, de que la Procuraduría investigará la responsabilidad en la suspensión de servicios como el de la salud, preocupa a los trabajadores.

"Si el Gobierno sanciona, va a radicalizar aún más a la gente y va a haber un paro mucho más profundo", afirmó el presidente de la CUT, que es la principal organización obrera del sector privado.

La FENALTRASE y las siete organizaciones que la respaldaron en la primera huelga contra Pastrana no descartaron la convocatoria de un paro nacional indefinido en caso de que las peticiones de los trabajadores no sean escuchadas y negociadas.

Por lo pronto, el titular del Trabajo ha anunciado la próxima convocatoria de un comité de concertación tripartita -Gobierno, empresarios y sindicalistas- que no sesiona desde el pasado año