El nuevo lío de Mery Gutiérrez, la ministra embolatada de Tecnologías
Tras su designación como nueva ministra de las Tecnologías de la Información, inmediatamente se conocieron los distintos líos judiciales que enfrenta.
Mery Gutiérrez / Instagram
Tras conocerse el anuncio del presidente de la República Gustavo Petro de la designación de Mery Janneth Gutiérrez Cabezas como nueva ministra de las Tecnologías de la Información, inmediatamente se conocieron los distintos líos judiciales que enfrenta Gutiérrez, quien además es la compañera sentimental de Holman Morris, una de las personas más cercanas a Petro.
Primero se conoció que Gutiérrez es la mayor accionista de Programar Televisión, empresa que demandó a la nación por 45 mil millones de pesos. Luego han salido a la luz distintas contrataciones que Mery Janneth firmó con entes del estado en distintos lugares del territorio nacional, algunos de ellos a través de una entidad sin ánimo de lucro la Corporación Gestión y Desarrollo. Precisamente por uno de estos contratos la tienen a Gutiérrez Cabezas en un nuevo lío.
Cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, en el 2013, se suscribió el convenio Interadministrativo No. 407 entre Metrovivenda y la Asociación Popular Simón Bolívar, para desarrollar el proyecto de vivienda IDIPRON- en Usme, por $9.649’785.600. Este proyecto buscaba construir cerca de 700 viviendas de interés prioritario.
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Ante la imposibilidad sobreviniente de la Asociación Simón Bolívar de desarrollar el proyecto de vivienda, Metrovivienda (que luego se convirtió en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, ERU), en cabeza de Nicolás Corso Salamanca, le cedió el contrato a la Corporación Gestión y Desarrollo, cuya representante legal era Mery Janneth Gutiérrez Cabezas.
Para echar a andar el proyecto se realizaron obras de mitigación por cerca de 6.000 millones de pesos. La Corporación modeló el negocio, hizo la propuesta de cómo se desarrollarían las viviendas, tramitó la licencia de construcción, pero luego manifestó que el proyecto no tenía cierre financiero.
Han pasado cerca de 9 años y el proyecto sigue sin iniciarse. La ERU han intentado en diversas ocasiones llegar a un acuerdo con el equipo de la Corporación Gestión y Desarrollo sin que sea posible. Por esta razón, se convocó a un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, con la radicación de las pretensiones del ERU, que ascienden a $3.384.909.806 por los perjuicios, que alega la entidad, le ha causado la inejecución del proyecto por parte de la corporación.
Un informe de la Contraloría Distrital de Bogotá de enero de 2020 consideró, tras una visita al estado del proyecto, que no hay ejecuciones y la licencia de construcción ya se venció. Menciona el documento que no se entiende cómo, si fue la misma Corporación Gestión y Desarrollola que diseñó el proyecto, luego alegó que no tenía cierre financiero. Además, asegura que no se entiende cómo se le cedió el contrato a una corporación que no tenía ni la idoneidad ni la experiencia para realizar este tipo de proyectos. Como si fuera poco quedó comprobado que las pocas intervenciones que la corporación ejecutó en el lote destinado al proyecto fueron subcontratados con una compañía constructora.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en diciembre de 2020 a Nicolás Corso Salamanca, por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Aunque Mery Janeth Gutiérrez ya no figura como representante legal de la Corporación Gestión y Desarrollo, sí sigue apareciendo en su junta directiva.
