Los baldíos del Estado que reclama la familia Uribe Moreno
La Agencia Nacional de Tierras engavetó un informe que demuestra que un predio que Lina Moreno de Uribe reclama como propio realmente es de la nación.
Los baldíos son tierras que le pertenecen al Estado y solo pueden ser adjudicados a comunidades campesinas, afros e indígenas cuyo patrimonio no sea superior a 1000 salarios mínimos legales vigentes. El periodista Daniel Coronell denunció que la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, tiene engavetado un proceso que afecta directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su familia: la restitución a la nación de un predio que es un baldío del Estado y que está en manos de los Uribe Moreno.
Se llama El Laguito 2, está ubicado en el municipio de San Carlos, en Córdoba, y según lo dictaminó un juez de ese departamento, con base en un informe de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cereté, las 8 hectáreas y 3.400 metros cuadrados no son de la familia Uribe, sino un baldío y es propiedad de la nación.
El proceso ante el juzgado está a nombre de Lina Moreno de Uribe, porque ella es la representante legal de la empresa familiar Agropecuaria El Ubérrimo. La exprimera dama interpuso una demanda de pertenencia por prescripción adquisitiva el 19 de marzo de 2019, argumentando que desde hacía más de siete años tenía el dominio pacífico sobre el predio, lo explotaba económicamente, y pagaba impuestos.
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Una demanda de pertenencia por prescripción adquisitiva es una figura mediante la cual un ciudadano puede hacerse con un bien inmueble solamente acreditando su posesión ininterrumpida y sin necesidad de mostrar título de propiedad alguno. Solo la buena fe le bastaría.
Sin embargo, el informe de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cereté, Córdoba, dice: «El predio en mención se encuentra en falsa tradición, desde sus inicios y no ha sido saneado, por tanto, no procede la pertenencia ya que se requiere que exista dominio y en este caso no lo hay. Es un Baldío Rural, le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, su disponibilidad».
El proceso fue archivado por Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, como denunció Daniel Coronell. Un informe de esa entidad no deja dudas: «El predio se ve afectado de falsa tradición y, por ende, al no evidenciarse un acto jurídico posterior que sanee esta circunstancia, como lo sería una adjudicación de la autoridad de tierras destinada para ello, es correcto afirmar que la naturaleza jurídica del predio es baldía, y no ha salido del dominio del Estado».
En respuesta a un derecho de petición que le envió Vorágine en septiembre de 2020, la directora Martínez dijo que no ha tomado acción porque los predios que explota el expresidente Uribe, a través de Agropecuaria El Ubérrimo, no han sido incluidos en el inventario de baldíos.