JEP

La condenada por corrupción que contrató con la JEP

Marcelina Cundumí Suárez, condenada por un escándalo de corrupción emblemático en Colombia, ha seguido suscribiendo contratos con dineros públicos.

08/04/2022 - 9:24 h COT

Esta semana la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, nombró como su nuevo secretario ejecutivo a Harvey Danilo Suárez. Reemplazó a María del Pilar Bahamón. Esta secretaría es muy importante porque administra, gestiona y ejecuta los recursos de la JEP, además de prestar sus servicios a los comparecientes y a las víctimas. El nuevo secretario, que ya trabajaba en la JEP antes de este nuevo cargo, firmó un contrato en el 2018 que tiene una historia interesante cuando era Subsecretario de la jurisdicción.

El 6 de diciembre de 2018 se firma el acta de inicio del contrato 125 de 2018. Tiene dos firmas: la de Harvey Danilo Suárez, como Supervisor y representando a la JEP, y la de Marcelina Cundumí Díaz, contratista y representante de la ASOCIACION AGROPECUARIA SONIA CUNDUMÍ DIAZ, ASOSOCUND. El valor del contrato es de casi 6 mil millones de pesos. La duda tiene que ver con el historial criminal de la señora Cundumí Díaz, relacionado con uno de los más grandes escándalos de corrupción del país: Foncolpuertos.

El caso se remonta a los 90, cundo jueces, funcionarios de Puertos de Colombia y particulares se unieron para desfalcar al Estado por cientos de miles de millones de pesos. Una de las protagonistas fue Marcelina Cundumí Díaz, condenada el 22 de septiembre de 2017, por un Juzgado en Bogotá, a 82 meses y 26 días de prisión. Sus delitos: peculado por apropiación consumado y agravado e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, además de una multa de 500 millones de pesos, además de una prohibición para ejercer el derecho por un tiempo.

Al momento de suscribir este contrato, en el 2018, Marcelina Cundumí Díaz ya tenía la condena en primera instancia, y su caso estaba en el Tribunal Superior de Bogotá, que en 2019, un mes después de la firma del contrato, ratificó la decisión del juzgado. Sin embargo, desde la primera sentencia en su contra la señora Cundumí Díaz ya estaba inhabilitada para contratar con el Estado. La JEP reconoce la gravedad de esta situación, pero aclaran que la culpa no fue suya, sino del juzgado de primera instancia en el 2017, porque nunca notificó a los organismos de control que sobre la señora pesaba una condena.

Luego, dice la JEP, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ratifica la condena en 2019, los registros siguen sin aparecer en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e inhabilidades (SIRI). Es decir: que ellos verificaron y no aparecía condena alguna. Hay un segundo contrato en la JEP que también involucra a la condenada Marcelina Cundumí Díaz. El 21 de noviembre de 2020, por cerca de 2 mil millones de pesos, se firma otro contrato con la Asociación Agropecuaria Sonia Cundumí Díaz. La JEP, igual que en el primer caso, se defiende diciendo que también verificaron en organismos de control y que las inhabilidades seguían sin aparecer. La verificación, que Caracol Radio 6AM pudo ver, tiene fecha de noviembre 20 de 2019, un día antes de suscribir el contrato.

El caso penal contra Macerlina Cundumí, condenada en primera y segunda instancia por defraudar al Estado colombiano, llegó también a la Corte Suprema en el recurso de casación, que fue negado por la corte el 18 de noviembre de 2020, es decir, tres días antes de suscribir el segundo contrato. Según la versión de la JEP, solo se dio cuenta de la situación jurídica de la señora en abril de 2021, cuando leyó la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La JEP, días después, la denunció ante la fiscalía por falsedad en documento público.

Colombia lleva muchos años demostrando que no es posible confiar en la buena fe de la gente. Marcelina Cundumí, dice la JEP en la denuncia ante la fiscalía, manifestó bajo la gravedad de juramento que no tenía inhabilidad alguna para contratar con el Estado. Sin embargo, Caracol Radio 6AM encontró registros de Cundumí en una herramienta muy útil: Google, que la relacionaba con el escándalo de Foncolpuertos. Incluso hay registros de la fiscalía desde 2010, así como notas de prensa. Foncolpuertos no fue cualquier escándalo: no solo era un hecho público, sino uno de los más grandes episodios de corrupción de este triste país.

Queda otra pregunta: ¿cuántos otros condenados están contratando con el Estado, a pesar de estar inhabilitados?