La pandemia de la guerra en el Chocó

Estos días los políticos en Bogotá juegan su ajedrez y buscan alianzas para quedarse con el poder mientras en esta zona la situación humanitaria derivada de la violencia es cada día más preocupante. En el último año, el número de familias desplazadas pasó de 645 a 2918. La cifra de familias confinadas pasó de 2982 a 11478.

En Bahía Solano, en la costa, hay enfrentamientos frecuentes entre aquellas que se hacen llamar AGC (Autodefensas Gaitanistas) y que el Estado identifica como Clan del Golfo contra una banda conocida como Los Chacales que tendría nexos con el ELN. Es una zona crítica en disputa por tratarse de un corredor de narcóticos, de tráfico de migrantes e incluso de la extracción ilegal de ciertas variedades de madera de zonas protegidas por su importancia ambiental (Chocó es uno de los tres departamentos con mayor número de hectáreas deforestadas). Mientras estos grupos se enfrentan, es la población desarmada la que sufre las consecuencias. Confinamiento, desplazamiento, reclutamiento, control de la movilidad, desabastecimiento y violencia sexual. Escuche al personero de Bahía Solano Carlos Mario Cardona.

Cardona dice haber recibido múltiples intimidaciones por contar lo que está pasando a las comunidades. Aunque hace semanas reportó su riesgo, no ha recibido protección estatal. Pero no es el único. Caracol Radio confirmó que hay, al menos, cuatro personeros del Chocó con una situación crítica de seguridad por amenazas de grupos armados ilegales. Algunos de ellos prefirieron que no mencionáramos sus nombres ni aceptaron salir al aire en Caracol Radio. Los personeros son los primeros en escuchar a las víctimas y registrarlas ante el Estado. Ellos pueden ser los que documenten la magnitud de los desplazamientos y confinamientos. Si la gente se confina, hay muchas menos denuncias, si no hay denuncias no quedan registradas las víctimas y sin ellas poco o nada se habla de la confrontación. Como si fuera poco, varias personerías apenas tienen una secretaria y al personero y deben hacer el registro de víctimas por internet en unos pueblos donde ese servicio poco funciona.

El Chocó tiene grandes ríos como el Atrato, el Baudó o el San Juan, pero tiene más de 500 afluentes. En sus orillas viven cientos de comunidades que históricamente han denunciado el abandono del Estado. Una institución, sin embargo, sigue entrando a esos sitios a pesar de las balas. Escuche el diagnóstico del Defensor Luis Enrique Murillo.

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La situación no es mejor en Quibdó, la capital, al lado del río Atrato y donde se supone que debería haber más control estatal. Diferentes barrios del norte de la ciudad están convertidos en campo de batalla esta vez entre estructuras urbanas de las AGC y una banda conocida como Los Mexicanos que habría recibido armas y apoyo militar del ELN. La consecuencia más frecuente pero no tan visible es el desplazamiento intraurbano. Personas que en su cuadra sufren amenazas y hechos violentos o que ven a su familia en riesgo, deciden irse a otro sector para intentar ponerse a salvo. Porque sea un desplazamiento silencioso y a cuentagotas no es menos dramático. Allí la policía dice haber capturado en 2021 más de 500 personas al servicio de Los Mexicanos, 5 del ELN y más de 70 del Clan del Golfo. También asegura que está avanzando en un programa piloto para evitar que los menores sean reclutados por los grupos ilegales. Escuche al Coronel Clauder Cardona, comandante del departamento de Policía Chocó

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Otra zona crítica está al sur del departamento y en los límites con el Valle del Cauca. Los habitantes de la bellísima zona del río San Juan y sus afluentes han vivido en los últimos meses las consecuencias de una avanzada del Clan del Golfo sobre territorios en los que durante años hubo presencia del ELN. Ello rompió una especie de tregua explícita en la que ambos grupos se repartían el territorio y sus rentas ilegales. Varios golpes que debilitaron al ELN fueron aprovechados por los paramilitares para romper ese “equilibrio” e intentar tomar ventaja y expandirse hacia el sur. Los enfrentamientos o el riesgo del fuego cruzado han causado desolación. Hay caseríos donde sólo viven perros abandonados y no habrá quién recoja la cosecha porque cientos de familias huyeron hacia Buenaventura, Cali e Istmina. Felipe Martínez, vocero de la asociación de Consejos Comunitarios de la zona del San Juan fue uno de los que atendió a esas comunidades. Escuche aquí su relato:

El 8 de marzo la oficina humanitaria de la ONU (OCHA) en Colombia publicó una alerta sobre 32 comunidades indígenas del pueblo Wounaan y 29 poblados afro confinadas en Litoral del San Juan. En esa zona grupos armados han usado armas prohibidas en los conflictos: a artefactos explosivos o minas antipersona. Este drama también ha golpeado a municipios como San José del Palmar y Sipí. Su alcalde Wilmer Rivas Murillo habló con 6AM:

Hay zonas del norte del departamento (poblados del Urabá chocoano, Darién y Medio Atrato) donde ya bajó la intensidad de la confrontación, pero un grupo armado impone su ley, recluta, cobra extorsiones y ejerce violencia contra líderes y mujeres y persigue a líderes por la restitución de tierras despojadas. En algunos municipios de la costa chocoana, del bajo Baudó y a orillas del Río San Juan los combatientes se disputan caserío por caserío el control territorial y las rentas y extorsiones que en ellos puedan cobrar: cultivos de uso ilícito, minería ilegal, tráfico de personas, entre otras. Varias fuentes le dijeron a 6AM que, en materia humanitaria, lo que ocurre hoy es comparable con el punto máximo de ebullición del conflicto que tuvo su clímax con la masacre de Bojayá hace casi 20 años. Para hacer frente a esta expansión de grupos ilegales, el gobierno desplegó la Fuerza de Tarea Titán (compuesta por integrantes de todas las Fuerzas Armadas) que debe abarcar un terreno extenso (sólo un municipio, Bojayá, es más grande que el departamento del Atlántico), un clima hostil y una población desconfiada porque no olvida algunas malas experiencias del pasado. Al frente de esa Fuerza está el General Oscar Murillo.

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Estadísticas de la Defensoría del Pueblo muestran que, en promedio, entre enero de 2021 y enero de 2022, 155 personas se desplazaron cada día por la violencia en el Chocó. En el mismo período, cientos de comunidades se encerraron. Dejaron de ir a pescar y a cazar y evitaron atender sus cultivos por miedo a campos minados o contaminados con trampas explosivas. Eso ha ocasionado una crisis alimentaria sin precedentes. El hambre impacta en la salud y la educación de esos poblados ribereños. De lo que está pasando en el Chocó hay quienes no se atreven a hablar por miedo. Fueron los obispos de la región quienes sacudieron al país hablando en nombre las víctimas. Escuche aquí nuestro diálogo con Monseñor Mario Álvarez, obispo de Istmina-Tadó.

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Antes de la pandemia y del recrudecimiento del conflicto armado, la educación del Chocó ya estaba en crisis por la pésima infraestructura, la falta de profesores o la escasa alimentación escolar. Pero, con la confrontación armada, tanto profesores como estudiantes están sufriendo las consecuencias. Escuche aquí el testimonio del profesor y líder social Eugenio Mosquera.

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No todo está perdido. Hay miles de chocoanos que no se resignan. Para terminar este reportaje les ofrecemos el testimonio de Yudely Mosquera Valencia, líder de una asociación de mujeres víctimas de violencia de género que quieren sanar las heridas del cuerpo y del alma con terapias, talleres, arte y proyectos productivos. Escuche aquí su testimonio inspirador.

Epílogo: Una guerra, muchos intereses.

Hablar de la historia de abandono en el Chocó es un lugar común. Sigue siendo claro que la pobreza, el desempleo, el atraso y la corrupción son caldo de cultivo para la guerra en una zona con inmensos recursos naturales y mineros. En el Chocó vive más de medio millón de personas, la mayoría en la pobreza y la miseria, sobre un territorio bendecido por la riqueza: oro, platino, cobre, prospectos petroleros en el continente y costa afuera, proyectos portuarios, grandes monocultivos, importantes obras de infraestructura trazadas hace décadas, grandes reservas de la biodiversidad, enorme potencial turístico. No es un “secreto de Estado”; lo saben los grupos armados que han estado en estas tierras por décadas y lo saben quiénes mueven los hilos de la guerra.