Ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿a qué se deben las demoras?

En Hora 20 un debate para debatir los hechos de coyuntura. Se analizó el pedido de 157 organizaciones al presidente Duque para que sea ratificado cuanto antes el Acuerdo de Escazú, pues dos años después, el congreso no ha ratificado la participación del país en dicho acuerdo. También debatiremos sobre la compleja situación de inseguridad en Cúcuta, pues este lunes se presentó un nuevo atentado en la ciudad fronteriza. Por último, una opinión del nombramiento de Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República.

Este lunes, bajo una polémica y criticada imagen en la que el presidente Iván Duque aparece rodeado de indígenas y en el que parece enviar un negativo mensaje, volvió a plantear la necesidad de movilizar recursos para la lucha contra el cambio climático, la necesidad de inversión extranjera y los planes de Colombia en materia ambiental, todo esto durante el PreCop de Biodiversidad en Leticia. No obstante, esta no es la primera vez que el presidente pone en el centro de su agenda los temas ambientales, incluso en constantes ocasiones, en discursos en el extranjero y en el país ha manifestado su apoyo a la ratificación del Acuerdo de Escazú, una retórica que por ahora no se ha convertido en realidad.

Pues esta semana 157 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas WWF y DeJusticia le pidieron al gobierno radicar ante el congreso el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o mejor conocido como el Acuerdo de Escazú antes del 31 de agosto, pues en el comunicado manifiestan que si se hace después de esa fecha y sin mensaje de urgencia, es muy probable que el proyecto se vuelva a hundir como ya ocurrió en junio 20 de este año, cuando a pesar de tener mensaje de urgencia desde el 20 de julio del 2020, el proyecto no fue aprobado ni debatido bajo el argumento de la protección de la soberanía del país o con el pretexto de que el país ya cuenta con las normas que establece este acuerdo vinculante. Incluso, el ministro de Ambiente, Carlos Correa anunció que apenas iniciara la legislatura sería radicado el proyecto, pero hoy, casi 40 días después del inicio de sesiones del congreso, no hay avance en la materia.

Lo que dicen los panelistas

Lina Muñoz, experta en el acuerdo de Escazú, Doctora en Derecho y directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, planteó que el Acuerdo de Escazú aborda tres derechos fundamentales y que el énfasis está en su efectiva implementación. “Acá tenemos un gran número de normas en temas ambientales, pero hay brecha entre consagración y normas”. Explicó que hay una errada interpretación del acuerdo y de los alcances sobre la legislación nacional, pues dice que el Acuerdo no abre la posibilidad de que un juez internacional tome decisión sobre recursos naturales o sectores económicos del país. “Los tratados internacionales sí tiene una cláusula de solución de controversias, esto lo tienen otros acuerdos como París”, afirmó.

En cuanto a las demoras en la ratificación en varios países, dijo que ningún tratado internacional entra en vigor a los ocho días de la adopción y que por el contrario este acuerdo ha avanzado rápido.

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y columnista, planteó que el presidente Duque se la ha jugado por temas ambientales, por la firma de Escazú y ha enviado mensaje de urgencia para ratificación, pero que hay un nudo de decisiones que se pueden tratar en el ordenamiento interno. Por ejemplo, dijo que hay un tema relacionado en el que jueces extranjeros y amparados en un “cuarto nivel”, tomen decisiones sobre el destino y el futuro de comunidades autóctonas del país. “El susto es legítimo, pues se dice que se pierde soberanía porque autoridades, en este caso jueces quedan desplazados por jueces internacionales que aplican convenciones y tratados internacionales que alejan la justicia de raizales o comunidades”, concluyó.

Para Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, la gran duda sobre Escazú es el problema de activismo judicial ambiental que se puede se pueda desatar, como según el congresista, se ha demostrado hasta el momento.

“Preocupación es cómo nuestros operadores judiciales que no están preparados en temas ambientales terminan haciendo un activismo judicial. El acuerdo son buenas intenciones, pero no se resuelve absolutamente nada, no hay medidas concretas”, afirmó

Alfonso Prada, abogado, exsecretario general de la presidencia, excongresista, planteó que si la crítica es que hay normatividad sobre el asunto ambiental y que no es necesario el acuerdo, es un contrasentido. Pues cree que lo único que hace la ratificación de Escazú es ponerse a tono a nivel internacional, como ponerse a tono con organismos.

También dijo que hay sectores que vienen protestando porque se amplía la participación de la gente en toma de decisiones ambientales.