¿Qué retos enfrenta Colombia ante la regularización de migrantes?

En Hora 20 una opinión sobre la condena en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia y un programa especial para analizar los retos; beneficios y perspectivas de la migración en Colombia. Esto por cuenta del decreto que reglamenta el Estatuto Temporal de Protección a migrantes venezolanos; de los retos que acarrea acoger de manera regular a más de un millón de personas; de los retos en política pública y en materia social. También una mirada a los beneficios de la migración en materia económica y a la incidencia de la decisión del gobierno de Estados Unidos en términos migratorios.

La situación migratoria de cara al Estatuto Temporal de Protección al migrante venezolano busca regularizar cerca de 980 mil personas que hoy se encuentran irregulares, es decir, casi el 56 por ciento del total de venezolanos en el país, un estatuto que ha sido celebrado por distintas organizaciones internacionales; jefes de Estado, el papa Francisco, pero que acarrea grandes retos para el país en materia de política pública, económica y social. No obstante, el camino para darle orden a la migración venezolana sí parece ser la regularización, pues este jueves, el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos dio a conocer un Estatus de Protección temporal a migrantes venezolanos por 18 meses.

Para el caso colombiano, la apertura a la regularización significa tener a poco más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en un registro único, lo que permite que puedan acceder al mercado laboral, así como al sistema de salud, de educación, de pensión, y obtener registros judiciales. Este permiso que tendrá vigencia de 10 años para las personas que entraron de manera irregular antes del 31 de enero del 2021 y aquellos que están regularizados, permitirá caducado el permiso tramitar una visa de residente. Aunque también deja la puerta abierta para que en los próximos dos años se puedan acoger aquellos que hayan entrado de manera regular, es decir, por un paso fronterizo oficial.

Lo que dicen los panelistas

Para Rodrigo Uprimny, abogado, profesor universitario, investigador de DeJusticia y columnista en El Espectador, no es válido creer en el “Cartel de la toga” porque generaliza; pues señaló que este hecho consistió en que algunos magistrados traicionaron el deber de su cargo, “hay que individualizar las responsabilidades, algunos cometieron conductas muy graves, por eso esta condena es una buena noticia”, y agregó que hoy es un día ambiguo para la justicia colombiana, pues es la primera vez que un expresidente de la Corte Suprema es condenado penalmente.

Frente a la migración venezolana, advirtió que son importantes las clarificaciones para no tener problemas al momento de la implementación y que asuntos como la identificación biométrica puede vulnerar algunos derechos, así como el hecho de que cualquier infracción puede llevar a que el PPT sea retirado. También planteó que hay problemas con la diferenciación entre refugiados y migrantes, una distinción que cree no queda clara y puede presentar problemas a futuro.

Frente al caso del exmagistrado Ricaurte, Rodrigo Pardo, economista, periodista, excanciller y exembajador, aseguró que es un hecho de que la justicia rige para todo el mundo y que demuestra que todos, sin importar el cargo, se deben presentar ante la justicia.

De cara a los cambios migratorios en Estados Unidos, dijo que la medida a favor de los migrantes venezolanos es algo propio de ese país que se ha utilizado en distintos momentos, con distintos países y población migrante. Añadió que con estas movidas de Biden se evidencia un cambio en la política hacia Venezuela, cambio que advierte debe ser tenido en cuenta por Colombia.

Nastassja Rojas, politóloga, internacionalista, profesora universitaria y consultora, se mostró preocupada ante los grandes retos en implementación y en la poca diferenciación de una población que no es homogénea, por lo que cree que ante la regularización se puede invisibilizar algunas vulnerabilidades.

También señaló que, si se levantan las sanciones contra el régimen de maduro, se puede demostrar ante la comunidad internacional que el modelo no funciona, lo que cree ayudaría a develar parte del problema.

Jorge Mantilla, politólogo, experto en seguridad y fronteras de la Universidad de Chicago, planteó que el estatuto reconoce la realidad de millones de migrantes venezolanos en el país, los cuales asegura están expuestos a victimización y a estar por fuera de sistemas como el de salud y educación. Agregó que la frontera enfrenta tres crisis: “la migratoria; la humanitaria y de salud pública”, por lo que comentó que los retos son de implementación en seguridad fronteriza.

Por último, dijo que hay una paradoja, “las fronteras se mantienen cerradas con un argumento de seguridad por pandemia, también por seguridad nacional, pero esa medida ha llevado a que inseguridad incremente y se presenten más grupos al margen de la ley”, concluyó.

durante el programa, Lucas Gómez, gerente de fronteras de la presidencia, señaló en entrevista que se está trabajando en los ajustes institucionales para trabajar de la mano con los gobiernos locales y que los desafíos se puedan lograr de manera interinstitucional. También explicó que con el decreto se busca enviar un mensaje de incentivar la migración regular y que se espera iniciar con la apertura de la frontera pronto, “pues es un pedido también de los gremios económicos y los flujos de población irregular han bajado considerablemente”. Por último, aseguró que se trabaja en el Proceso de Quito para exponer a otros países el estatuto, con lo que dice que el gobierno nacional está expectante a lo que pueda ocurrir.

En la sección de “El contrapunteo”, se discutió sobre la decisión del día: la condena en contra de Francisco Ricaurte por el “Cartel de la toga”. Juan Sebastián Fajardo, abogado defensor del exmagistrado, aseguró que se le dijo al juez que dónde y a qué hora se debería entregar el procesado, pero contó que el juez les dijo que la orden no estaba lista. También recalcó que Ricaurte es inocente y que tiene la tranquilidad de que el llamado “Cartel de la toga” no existió. Por otra parte, Hernando Herrera, presidente de la Corporación excelencia en la Justicia, apuntó que no es un secreto lo ocurrido al interior de la Corte con algunos magistrados, lo cual calificó como una organización criminal y mafiosa. Celebró la decisión del juez al decir que le devolvió la decencia a la rama judicial, pero que al mismo tiempo es un día lamentable para la justicia.