Conchudos escoltados

Al gobierno se le acabaron los carros blindados para proteger a las personas amenazadas. Al gobierno se le agotaron los escoltas entrenados para proteger a la gente que teme por su vida. Al gobierno se le terminaron las armas para enfrentar a quienes quieren atentar contra líderes, candidatos y personas en situación de riesgo.

Lo informó Caracol Radio, para perplejidad de un país que insiste en soñar con la paz mientras grupúsculos diseminados por toda nuestra geografía persisten en que sigamos matándonos.

Entiende uno las limitaciones y restricciones de unas autoridades que no dan abasto, pero también esperamos que el gobierno comprenda que reclamamos de quienes lo conforman no solo consuelo, sino soluciones. Las promesas no salvan vidas, las declaraciones en el sentido de que se está haciendo todo lo posible no salvan vidas, los discursos con enumeración de resultados virtuales en materia de seguridad no salvan vidas.

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No es viable un país en el que estamos llegando al extremo de que hay que poner un policía en una esquina, un soldado en cada metro de oleoducto, un escolta al lado de cada amenazado. Pero tampoco tiene futuro que sigamos viendo a encopetados exfuncionarios, cuya vida no está en peligro, rodeados de camionetas blindadas y hombres armados que se pagan con dineros públicos.

Repito la frase que una vez me compartió un director de la Unidad Nacional de Protección: en Colombia es posible acceder a un esquema de escoltas y seguridad, pero es prácticamente imposible que alguien lo devuelva y diga, “gracias, ya no estoy en riesgo”.

No estoy en la tarea de hacer denuncias sobre la cantidad y número de funcionarios entrenados de estos esquemas, entre otras, porque no soy quién para juzgar sin argumentos o estudios la situación de los protegidos. Eso me parece una irresponsabilidad y un desconocimiento de posibles riesgos ajenos.

Pero creo que es necesario que comencemos a exigir del Estado criterios muy rigurosos para evitar que quienes corren peligro estén desprotegidos y una camarilla de funcionarios y exservidores que no tienen situaciones de riesgo sigan paseándose, muy orondos, forrados en recursos de seguridad que no necesitan.

Repito, no nos corresponde a los particulares decidir la suerte ajena, pero sí exigir del Estado decisiones serias, sensatas y justas, de esas que resistan la llamada de un ‘ex’ furioso porque le quitaron el esquema de seguridad que le garantiza mantener la burbuja del estatus que se resiste a dejar desvanecerse en el aire.

En suma, entender que en materia de recursos para proteger a la gente, seamos más país y menos paísito.