Plan de Desarrollo: ¿un pacto por Colombia?

Esta noche un solo tema, pero de mucho interés porque de cualquier manera lo que de allí surja incidirá en la vida de los colombianos en los próximos cuatro años: el análisis a fondo al Plan Nacional de Desarrollo.

El que acaba de presentar el presidente Iván Duque, llamado “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” plantea un plan de inversiones del orden de los $1.100 billones de acá al 2022.

El valor del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan Nacional de Desarrollo se estima inicialmente a precios de 2018. El 46%, es decir, unos $516 billones, serán orientados al Pacto por la equidad.

Sus metas generales son elevar el PIB (Producto Interno Bruto) del 3,3% a 4,1%, crear 1,6 millones de empleos, sacar a casi 3 millones de colombianos de la pobreza, y alcanzar una mayor productividad y una mayor inversión. Su ecuación es Legalidad + emprendimiento = equidad.

 Deberá empezar a estudiarlo el Congreso desde el próximo martes en sesiones extras, sin que el gobierno haya logrado recomponer la alianza política que será definitiva para este y otros proyectos de ley.

Como todo plan de gobierno, este Pacto por la equidad ha desatado polémica comenzando por la protesta de 11 ex directores de Planeación ante la propuesta de quitarle a esta entidad el diseño del presupuesto de inversión pública para dejar todo en manos de Hacienda. Pero Anif aplaudió la centralización del manejo presupuestal en Hacienda.  

Desde el Congreso, la representante Juanita Goebertus ha prendido las alarmas porque considera que se trata de un plan sin metas y sin presupuesto para el postconficto y que habrá 282 mil víctimas menos reparadas en relación con el cuatrienio anterior.

Desde sectores políticos hay preocupación por las facultades que tendría el presidente para crear, suprimir y fusionar entidades y reasignar presupuestos. En esto os gustaría que el subdirector de Planeación nos precise, por ejemplo, qué consejerías o entidades que manejan asuntos de paz se van a tocar.

Pero desde otra orilla, hay personas que aplauden el plan como Moises Wasserman que respecto a lo planteado para ciencia y tecnologia dice que hay unos avances muy prometedores, superior a lo de los otros planes.

Errores y aciertos

Respecto del artículo 35 que busca concentrar el diseño y manejo del presupuesto nacional en el Ministerio de Hacienda, Alejandro Gaviria, director del Centro ODS para América Latina y el Caribe, dijo que con ello se estaría rompiendo una tradición técnica de 50 años.

El DNP, dijo, le ha dado al país una visión de largo plazo y si se quiere romper la tradición hay que poner la discusión en otra parte diferente al plan de desarrollo.

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el Plan Pacto por Colombia, pacto por la equidad es compresivo, pero no tiene una idea fuerza ni una hoja de ruta, y además hay cambio en el lenguaje de algunos programas.

Para el experto, en su amplio contenido hay una contrarreforma a la ley de licores.

 Según Ricardo Ávila, director de Portafolio, en plan del gobierno Duque hay más continuidad de lo que se pensaba, con énfasis en aspectos políticos, pero con elementos iguales en materia de inversiones.

También dijo que el desafío para el Congreso es mirar no solo los temas más polémicos, sino todas las propuestas porque, de lo contrario, se corre el riesgo de que se pasen por detrás temas fundamentales.

Rafael Puyana, subdirector general de Planeación Nacional, defendió la propuesta del plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la legalidad” y señaló que el reto del gobierno es explicar los temas de fondo y dar las discusiones legislativas necesarias.

Destaca que para lograr la equidad se requieren reglas de juego con legalidad y a eso le apunta el plan.

En opinión de Juanita Goebertus, representante a la Cámara, en el Plan de Desarrollo, no hay un modelo sino elementos desconectados y se nota una tensión entre una visión tecnocrática y una radical del gobierno y de su partido en varios temas.

Advierte que la meta para las víctimas propuesta para los cuatro años es un portazo duro a los 8 millones de afectados.