¿Por qué el cese de profesores ocasionales de la UPTC está incomodando?
La situación le preocupa a estudiantes y padres de familia, que pagan sus matriculas y estadía, pero los alumnos están atrasados.
Tunja (Colombia)
En el congreso de la republica le pidieron al gobierno nacional intervenir en la crisis de los docentes que llevan 8 semanas en cese de actividades, situacion que ya esta afectando a los estudiantes.
El representante a la cámara por Boyacá Héctor David Chaparro del partido Liberal, hizo un llamado desde la plenaria al Ministerio de educación, y al ministerio de trabajo, para que sus jefes de cartera se apersonen de la grave problemática en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC en Boyacá, y sirvan como mediadores, pues la institución y sus educandos, no aguantan más.
”Hace 8 semanas, docentes de la UPTC están en cese de actividades, están exigiendo el cumplimiento de un acuerdo sindical (...) hago un llamado al gobierno para poner fin a esta situación. Hoy los docentes no cuentan con garantías laborales y más de 12 mil estudiantes se han visto afectados por el cese de actividades, sin que el dialogo entre las partes, haya servido hasta ahora, para llegar a un acuerdo, a un concenso que les sirva a todos. Hemos recibido llamadas angustiosas de padres de familia y estudiantes que necesitan avanzar en sus programas, en sus cronogramas de estudio, y la situacion, el panorama sigue muy complejo”, sostuvo Chaparro.
Por qué protestan más de 900 profesores de la UPTC
Desde el 5 de julio están en asamblea exigiéndole a las directivas de la universidad que cumplan la Resolución 4009 de 2020.
Más de 940 profesores ocasionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con sedes en varias ciudades de Boyacá, comenzaron su protesta ante lo que han señalado que es un ‘incumplimiento reiterado de las directivas’.
La asamblea de profesores inició un cese de actividades de clase exigiendo el cumplimiento de los acuerdos sindicales de los años 2013, 2018 y 2020 y que el detonante fue, el no pago y reconocimiento de la prima de servicios proporcional al tiempo de trabajo laborado, establecida en la Resolución 4009 de 2020.
Las directivas de la Universidad UPTC respondieron
Al respecto sus pronunció la Dirección de la Universidad, y en incomunicado sostuvo que les corresponde “a sus cuerpos colegiados mantener siempre vigente la convocatoria a la realización de las actividades académicas programadas sin contratiempos conforme a un calendario académico organizado colectivamente, estudiado y aprobado por el Consejo Académico, en el cual se ejecutan recursos económicos, financieros, contrataciones, vinculaciones, proyectos y múltiples convocatorias propias de la docencia, investigación, extensión y aseguramiento de la calidad en respuesta a las normativas nacionales”.
Por lo anterior, las directivas oficializaron sus llamado a mantener la agenda académica mientras resuelven su inconformismo: “llamamos a docentes y estudiantes de todas las facultades a mantener en pleno desarrollo las actividades académicas en general y realizar las clases programadas”.
Las directivas basaron su solicitud, teniendo en cuenta entre otras consideraciones que “la universidad hoy recibe el 30% menos de los recursos económicos que recibía a diciembre de 2018, pero sus demandas y necesidades han sido crecientes”.
Explicaron que los recursos de la universidad, que han causado el inconformismo, se han visto reducidos: “esta reducción obedece a la rebaja del costo de matrículas que incorporó otro nuevo sistema de cobro por mandato de un juez. Los recursos que recibe del Gobierno por matrícula cero, solo cubren en promedio entre el 5% y el 10% del costo real de la permanencia de un estudiante. Como resultado de la pandemia se produjo una reducción generalizada de ingresos por convenios, proyectos y venta de servicios académicos. La Universidad también ha sido “castigada” con un embargo producto de decisiones externas frente a situaciones de orden laboral y pensional ocurridas antes de 2015, y mantiene activos sus mecanismos jurídicos en busca de recuperar estos dineros que superan los 10.000 millones de pesos”.