En Antioquia destinaron 65 mil millones para una cárcel que no se construyó

Medellín

Cinco años después de la firma del convenio para la construcción de una cárcel agrícola de baja seguridad en Antioquia, el proyecto esta completamente paralizado y los recursos están suspendido, en medio de lo que seriá un acto de corrupción.

Se trata de la central penitenciaria que se proyectó crear en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia, en una infraestructura que antes era un seminario, para lo cual se destinaron 65 mil millones de pesos.

Pero cinco años después de la firma del convenio: entre el Gobierno Nacional, el de Antioquia y el de Medellín, la ejecución de la cárcel solo alcanzó el 20%.

¿Por qué no se construyó la cárcel?

Principalmente por que no se tuvo en cuenta una advertencia sobre que un edificio existente no puede ser adecuado como un centro penitenciario y, además, porque no se hicieron estudios sobre el estado de la infraestructura.

La historia comenzó en 2015, cuando el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios visitaron las instalaciones del seminario Cristo Sacerdote, ubicado en Yarumal, lugar propuesto para ubicar el nuevo centro penitenciario.

Ese mismo año, la USPEC le había advertido a la Alcaldía de Yarumal que albergar internos en edificaciones ya construidas, con otros propósitos, no cumplía con los requerimientos legales, por la logística para cambiar la destinación y los elementos de seguridad que se debían adicionar para tales fines.

Pese a esta advertencia, un año después, en 2016, el recién posesionado gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se sumó a la propuesta e impulsó la ubicación de una colonia penitenciaria agrícola, es decir una cárcel de mediana seguridad, y logró el apoyo del entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien aprobó los recursos necesarios y se sumó a la iniciativa de Pérez, quien dijo este era un proyecto de talla mundial

En 2017 se firmó el convenio: la USPEC invertiría 51 mil millones de pesos y la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, de a 7 mil millones de pesos cada una. Es decir, 65 mil millones de pesos en total.

Pese a las advertencias, el objetivo del proyecto era adecuar el seminario como una cárcel. El propio Ministerio de Justicia decidió comprar el terreno con parte de estos fondos, más el edificio donde operaba el seminario. Allí se invirtieron 8 mil 500 millones de pesos.

La propuesta era adecuar la infraestructura y convertirla en la soñada cárcel de mínima seguridad, para que los reclusos pudieran tener beneficios, con tareas del campo y estudio.

Entre los impulsores del proyecto también estaba el entonces ministro de Justicia de Juan Manuel Santos, Enrique Gil Botero, quien visitaba cada dos semanas Antioquia y pedía reportes detallado sobre cómo avanzaba el proyecto. Finalmente, Luis Pérez y Gil Botero anunciaron el 12 de marzo de 2018 el inició de la construcción.

El informe que paró las obras

En el 2018, un informe sobre el estado del edificio, que antes era un seminario y ahora querían que fuera una cárcel, determinó que la estructura comprada tenía que ser demolida, porque no cumplía las normas de sismo resistencia y, peor, no podía ser habitada ni puesta en funcionamiento como centro carcelario.

En resumen, el edificio comprado se adquirió sin estudios y no cumplía ninguna norma y tampoco podría ser rehabilitado. Además, la inclinación del terreno hacía muy difícil la construcción de una nueva infraestructura. De las 42 hectáreas compradas por el Ministerio de Justicia, solo el seminario estaba en terreno llano, el resto tenía una inclinación aproximada del 15%.

En 2019, siendo aún gobernador, Luis Pérez calificó la suspensión de las obras como un freno de mano y pidió la liquidación del contrato y la devolución de los dineros.

¿Hubo devolución?

No se logró la devolución de los dineros, porque ya se había comprado el terreno, es decir, ya era público. En septiembre de 2020 finalizó el tiempo de contrato para la construcción, pero la ejecución era menor del 20%.

Hoy no existe un plan de acción para construir la soñada cárcel… El proyecto fue calificado por la Contraloría como un elefante blanco y los gobiernos de Medellín y de Antioquia esperan que se pueda formular un nuevo convenio que destrabe la terminación de la cárcel de mínima seguridad.