A más de 70 familias en Fusagasugá les cortaron el agua
La ciudadanía alega que llevan 10 años tratando de pedir el servicio sin éxito.
Hasta el barrio MonteVerde, en el norte de Fusagasugá, llegó una redada de Emserfusa, con apoyo de la secretaría de Gobierno, argumentando que en la zona están captando ilegalmente agua.
Edgar Muñoz miembro de la JAC, explicó a Caracol Radio que el barrio desde hace 10 años tiene suspendidas las licencias de construcción y los servicios públicos, debido a una alerta de riesgo de deslizamiento que se emitió en ese momento, pero que hoy tras varios estudios, habría sido descartada.
“Desde el año pasado se colocaron unos mojones para determinar si había movimiento de masa; el último dictamen aseguró que no se ha movido ni 1cm, pero siguen negando el servicio. Ahora, el Juzgado Municipal Segundo de Girardot ordenó al municipio hacer obras de mitigación en la zona y no han cumplido”, explicó.
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Además, aseguran que, para pedir la factibilidad de servicios, durante estos años han hecho solicitudes verbales y escritas a Emserfusa, tres reuniones en el barrio con concejales, dos reuniones en la alcaldía, dos reuniones con los gerentes de la empresa prestadora de servicio públicos, dos reuniones en el recinto del concejo y una tutela con apelación.
Varias de estas familias aseguran que no saben qué van a hacer ahora, porque tampoco les dieron una promesa de solución.
Jorge Sáenz uno de los afectados, dijo que tiene dos hijas pequeñas y que su trabajo no le da para pagar un carrotanque que solucione el problema.
“Hablé en la curaduría y me dijeron que si el alcalde no expedía un decreto no nos podían dar nada, entonces se pagan impuestos, pero no tenemos derecho. La Personería se lava las manos y me dice que es con Secretaría de Gobierno, ahí me mandan para Policía y allí me devuelven a la curaduría”, afirma.
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La comunidad le está pidiendo a la alcaldía que se acoja a los documentos expedidos por la Oficina de Planeación de la administración anterior, así como de Gestión del Riesgo, en la que da luz verde a estas familias para solicitar una licencia y los contadores de agua, pues sus casas no están en la zona de riesgo.
“Nosotros tenemos escrituras, los lotes están legalizados, queremos los contadores que nosotros pagamos lo que haga falta”, menciona Carlos Pérez, otro de los afectados.
A raíz de tantos años de abandono, hoy en día el barrio tiene una parte invadida que alberga 70 familias a las que también les cortaron el servicio de agua y energía.
Cabe mencionar, que la corte constitucional ha determinado que el agua es un derecho esencial y que “bajo ninguna circunstancia se puede privar a una persona de ella, así que las empresas deben garantizar un mínimo vital de agua al día”.
Caracol Radio contactó al alcalde del municipio Jairo Hortúa y su equipo de trabajo para conocer su versión de estos hechos. Aún estamos esperando respuesta.