Economía

Cartagena de Indias

Abren investigación a Contralor Distrital por caso exgerente de Transcaribe

El Ministerio Público investiga una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones por las decisiones contra María Claudia Peñas

El Ministerio Público investiga una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones por las decisiones contra María Claudia Peñas

El Ministerio Público investiga una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones por las decisiones contra María Claudia Peñas(Caracol Radio Cartagena)

Cartagena de Indias

La Procuraduría Regional de Bolívar abrió investigación contra el Contralor Distrital de Cartagena, Rafael Castillo Fortich y dos funcionarios de esa entidad, por presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones, en relación con las decisiones en el caso de la exgerente de Transcaribe, María Claudia Peñas Arana.

En esta indagación, la Procuraduría busca establecer si la Contraloría es competente para determinar si una persona cumple con los requisitos para un cargo, cuestionando la legalidad de un acto y adoptando la posición de que por ello, no se podía recibir salarios.

Los funcionarios a quienes se les inició investigación por parte de la Procuraduría son Rafael Ignacio Castillo Fortich, Contralor Distrital de Cartagena; Jorge Enrique Blanco Taján, Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales; y Cristina Mendoza Buelvas, Coordinadora de Control Fiscal Participativo de la misma entidad de control, con la finalidad de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos, y establecer si se ha actuado bajo el amparo de causal de exclusión de responsabilidad.

Vale la pena mencionar que la Contraloría General de la Nación decretó la nulidad de un proceso similar que adelantaba la Contraloría Distrital, estableciendo que el funcionario que recibe un salario no se convierte por eso en gestor fiscal, es decir, que recibir salarios no se puede interpretar cómo manejar dineros públicos.

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