Por presunto detrimento patrimonial se investiga a 6 personas de Boyacá
Hasta el momento, está en etapa de prueba el proceso abierto por la Contraloría General de la República en Boyacá.
Por presunto detrimento patrimonial se investiga a 6 personas de Boyacá / Contraloría General
Tunja (Colombia)
Desde 17 de septiembre de 2021, la gerencia departamental de la Contraloría General de la República en Boyacá abrió un proceso de responsabilidad fiscal, por presunto detrimento patrimonial $920.256.735 millones que involucra al actual director de Corpoboyacá Herman Estiff Amaya Tellez, a la candidata al senado Ana Carolina Espitia Jeréz, Sonia Natalia Vásquez Díaz, Luis Hair Dueñas Gómez, Diego Alfredo Roa Niño, Oscar Arturo Guevara Álvarez, Ana Isabel Hernández Arias y Fernando Suárez González como representante legal de Transportes Especiales F.S.G.S.A.S.
El documento indica que la acción ilegal se realizaría en medio de la presentación del servicio de transporte con la entidad mencionada, donde en el contrato 101 de 2020, se afirma que la cancelación monetaria: “Fue mayor al valor real de los servicios prestados, pues Corpoboyacá canceló a la empresa Transportes Especiales F.S.G.S.A.S. la suma de $1.818.690.666 por los servicios prestado desde abril de 2020 hasta enero de 2021 pese a que el precio por el servicio prestado durante el tiempo mencionado corresponde a la suma de $894.433.931”.
Según el documento de la Contraloría General de la República en Boyacá el detrimento se evidencia cuando se duplica el pago al cancelar 5.579 días, mientras que el servicio de transporte solo de prestó por 2.557 días. Hasta el momento, está en etapa de prueba el proceso.
Ante esta situación la candidata al senado, Carolina Espitia por medio de un comunicado manifestó que, a los 5 días de iniciar la ejecución del contrato, el Gobierno Nacional a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica.
Asimismo el comunicado indica que: “el 28 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto legislativo 491 que señaló en su artículo 17 que los contratos de prestación de servicios de transporte suscritos no podían ser suspendidos, ni disminuir el pago al contratista, mientras durará el aislamiento preventivo con ocasión de la emergencia sanitaria, con lo cual el Gobierno Nacional buscó garantizar la permanencia y los ingresos de los trabajadores de las empresas de transporte que hubiesen suscrito contratos con entidades públicas”.
Finalmente, insiste en que no hubo un detrimento patrimonial a Corpoboyacá, debido a que los pagos realizados dentro de dicho contrato fueron en cumplimiento a la normativa dictada por el Gobierno Nacional.