La SAI advierte que aseguradoras podrían no seguir pagando a Hidroituango
La sociedad de ingenieros nuevamente expresó preocupación en el caso de que se confirme el fallo fiscal de la Contraloría contra Hidroituango.
Foto / EPM
Antioquia
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros en un nuevo comunicado insiste en su alta preocupación de lo que llegara a ocurrir en el caso de que la Contraloría deje en firme el fallo contra los 26 presuntos responsables de la contingencia de Hidroituango. La agremiación aseguró que una de las situaciones más complejas sería que la aseguradoras, que han pagado las pólizas hasta el momento dejen de hacerlo “habrá graves riesgos de que se suspenda el pago de los seguros que ya se vienen pagando, dado que sería oficial que el siniestro se debió a culpa grave de personas y empresas”, dijo en su posición de preocupación.
En otro aparte, la SAI, luego de analizar el fallo de más de 2 mil páginas puso en evidencia que con esa decisión fiscal en pie quizás obligaría a suspender las obras en Hidroituango de manera definitiva lo que significaría un “veto” en la construcción de otros proyectos hidroeléctricos similares en el país “generando en los próximos años un alto riesgo de apagón eléctrico por la insuficiente producción de electricidad ante la siempre creciente demanda generada por el crecimiento demográfico y económico del país”. También aseguró que no se podrían reiniciar las obras en un corto ni mediano plazo, generando mayores impactos económicos.
En otro aparte del extenso comunicado en que expuso las posibles situaciones riesgosas en las que quedaría el proyecto es que, en caso de suspenderse las obras, esto llevaría al país a no cumplir con el en el acuerdo COP 21 de París sobre el cambio climático, lo que generaría posibles demandas económicas para el país al no poder generar energías limpias.
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“De suceder el freno al proyecto de Hidroituango, ya no habrá tiempo suficiente para realizar nuevos proyectos hidroeléctricos de tamaño suficiente y que tengan total rigor en lo que tiene que ver con su sostenibilidad en lo ambiental ante el calentamiento global. Todo ello puede dar lugar a futuras demandas masivas contra el Estado Colombiano por haber causado con ello que haya faltas de suministro de electricidad a nivel nacional y falta de cumplimiento de los compromisos del COP 21. Tales demandas e impactos no se valorarían ni siquiera en billones de pesos, sino en porcentajes significativos del PIB”.
Finalmente la SAI propuso que el fallo actual de primera instancia sea analizado y revisado por un estamento superior en la mayor brevedad posible.