Contraloría cuestiona demolición del muelle de Puerto Colombia

Caracol Radio conoció las conclusiones de una auditoría de la Contraloría que determina que la demolición del muelle de Puerto Colombia no se realizó con el estricto apego a la ley.

En el informe de auditoría de cumplimiento articulada contra Fontur hay seis hallazgos administrativos de los cuales seis (6) tienen presunta incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia penal, y uno con presunta incidencia fiscal por valor de $50.445.000.

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Entre los primeros hallazgos del organismo de control se encuentra un presunta conducta antijurídica al desconocer la resolución 1223 de 2009 mediante la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Muelle de Puerto Colombia por parte del Ministerio de Cultura.

En esta normatividad se expresa que una estructura declarada como Bien de Interés Cultural de la Nación deben ser intervenida con obras permitidas en el Nivel 1, de Conservación Integral, en donde por ningún lugar aparece la palabra demolición.

Sin embargo, advierte la auditoría, el arquitecto restaurador, Rodolfo Ulloa Vergara, justificó la demolición de la estructura basado en el argumento de que la obra sería reintegrada lo que incluía su demolición, basados en criterios de la Unesco, sin tener en cuenta, señala el organismo, que eran para bienes inmuebles declarados como patrimonios materiales de la humanidad, declaratoria que no ostentaba la estructura.

De hecho en su justificación, el arquitecto restaurador acude a vertientes teórica para renovar obras que señalan que lo importante es el concepto y no la ruina en sí.

Asimismo, advierte el informe que el proyecto tuvo inconformidades desde su diseño como por ejemplo las normas sismorresistentes que debieron ser actualizadas a la Norma CCP-14, la falta de garantía por parte de la Gobernación del Atlántico para la exploración arqueológica previa al inicio de las obras lo que llevara a tener problemas con licencias y retrasos en la obra que significaron golpe económico para el contratista, quienes ya iniciaron un proceso de reclamo.

"La materialización de este riesgo de legalidad condujo a que, de esas fallas en la planeación y previsibilidad, se sobrevinieran ítems no previstos, que se configuraron como posible daño patrimonial estatal, suspensiones no imputables al Contratista, y, por lo anterior, reclamaciones económicas del Contratista por el STAND BY de maquinarias, equipos y personal, y se configuró una presunta irregularidad fiscal por la conducta antijurídica en la autorización de la intervención del Muelle de Puerto Colombia, con obras de Reconstrucción que implicaron su demolición total".

Finalmente hubo otros elementos que contribuyeron a incrementar el valor del contrato en 6.000 millones de pesos a lo inicialmente establecido, alcanzando ahora los 19.600 millones de pesos como "la aprobación del aumento en el nivel de la estructura del Muelle de Puerto Colombia, en 50 centímetros y rediseñar los pilotes ante el aumento en la longitud desde el nivel del mar hasta el lecho costero, sobre todo en los últimos metros del muelle que alcanzan a llegar a una altura de 5.25 metros, imposibilitando la construcción de los dados, nudos, viga de amarre y en general todo el sistema estructural en concreto, en un estado sumergido, afectando en un 100% al patrimonio al no quedar visible, lo cual es primordial e indispensable para el proyecto si se quería mantener el objetivo de la reconstrucción."