Justicia le dio la razón a un juez, que pretendía ser Director de Fiscalías

Manizales

Héctor Fernando Alzate, Juez Quinto Penal del Circuito de Manizales, le confirmó a Caracol Radio, que el Consejo de Estado falló a su favor una demanda en la cual, para la época de los hechos, año 2013, pretendía ser Director Seccional de Fiscalías de Caldas, tras una licencia que le negaron tanto el Tribunal Administrativo de Caldas como el Tribunal Superior de Manizales.

Los hechos:

El ex Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, designó como Director de Fiscalías de Caldas en el año 2013, al señor Alzate, quien se desempeña actualmente como Juez Quinto Penal del Circuito de Manizales, y raíz de esa situación, solicitó licencia a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Manizales con el objetivo de ocupar ese cargo.

Sin embargo, el mencionado Tribunal decidió no conceder dicha licencia, al parecer por algunos reparos que tenía uno de los miembros de esa sala. A raíz de esa situación, Héctor Fernando Alzate, decidió interponer lo recursos, tanto de reposición y de apelación ante la decisión del Tribunal Superior, estas fueron confirmadas pero a su vez no concedieron la licencia.

Posteriormente, interpuso un recurso de tutela la cual demoró 7 meses en tomarse alguna providencia sobre el tema, pero al final no hubo una respuesta a favor de las pretensiones que tenía el juez, por la razón de que era un hecho superado, ya que el ex fiscal de la época, había revocado la decisión de nombrarlo como Director de Fiscalías de Caldas.

Entorno a lo antes sucedido, decidió interponer una demanda administrativa. El Tribunal Administrativo de Caldas, le negó todas las pretensiones en primera en instancia y de allí, interpuso el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, decisión a favor que dio a conocer esa alta corte en las últimas horas, dándole la razón al Juez Quinto Penal del Circuito de Manizales en todos sus argumentos expuestos en la demanda.

Con respecto a esta decisión, el jurista será indemnizado, pero esto no quiere decir que el Estado esté obligado en cancelar esas sumas de dinero, pero sí puede intervenir en contra de otras personas que ejecutaron el acto indebidamente en cuanto a lo administrativo.

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