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Contraloría General

Alcaldía de Cartagena bajará salario a la primera dama

El gobierno distrital expresó que Cynthia Pérez Amador, además deberá devolver un excedente según el concepto de la Contraloría

Cartagena de Indias

El gobierno del mandatario cartagenero, William Dau, parece ceder respecto al polémico contrato suscrito con Cynthia Pérez Amador, cuyo valor de $7 millones mensuales, fue señalado por la Contraloría Distrital como irregular, sugiriendo el pago de $2.2 millones. Tal situación también produjo la solicitud de que Diana Martínez, secretaria general del distrito, sea separada del cargo.

A través de un comunicado a la opinión pública, la alcaldía se pronunció sobre el particular señalando textualmente lo siguiente:

Esta Administración Distrital, al margen de las consideraciones jurídicas, a partir de las cuales encontramos debidamente fundados los honorarios pactados, en aras de atender de manera oportuna la investigación que cursa en este momento, y dada la posición del ente investigador, se permite informar a la ciudadanía y a la opinión pública que:

1. Procederemos a modificar el contrato en mención, para efectos de ajustar el valor de este conforme a lo señalado por la Contraloría.

2. Una vez se modifique el contrato se allegará al proceso de responsabilidad fiscal con el fin de que se concluya el proceso y así mismo, se finalice cualquier acción que haya tomado la Contraloría dentro de este asunto, como la suspensión de la Secretaria General, en tanto entendemos que es allí en donde según el predicado del órgano de control se funda la medida.

3. Igualmente, aclaramos que se procederá a reintegrar el monto que según la Contraloría fue pagado en exceso, el cual fue determinado en la suma de $33.600.000, devolución de los recursos que corresponderá a la contratista.

"Como Administración queremos recordarle a los cartageneros que somos respetuosos de las decisiones de los organismos de control, sin embargo, reiteramos que en esta oportunidad rechazamos los reproches de la Contraloría, pues consideramos que nuestras actuaciones siempre han estado ceñidas a los parámetros constitucionales y legales, y en esa medida seguiremos la defensa de nuestras posturas ante los llamados de los organismos de control e investigación", agrega el texto.

Se espera entonces un concepto del órgano de control, quien deberá considerar si las acciones del distrito son suficientes para culminar las investigaciones.