El gobernador del Tolima, <strong>José Ricardo Orozco, fue vinculado a tres procesos de responsabilidad fiscal</strong> por un total de 2.121 millones de pesos.<strong>Carlos Felipe Córdoba</strong>, contralor general, dijo: <strong>“El gobernador Orozco, deberá explicar presuntos sobrecostos en dos contratos de kits de alimentación y aseo</strong>; y el posible pago de mayores valores en intervención innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación de campañas contra COVID-19”, afirmó el funcionario.El contrato es el <strong>0493 del 26 de marzo, celebrado entre la Gobernación del Tolima y León Gráficas supera los 1.000 millones de pesos,</strong> para una estrategia de comunicación durante la pandemia del COVID-19.Dicho proceso, el mes pasado de mayo<strong> fue suspendido por el procurador Fernando Carrillo</strong>, quien manifestó: “la <strong>Procuraduría tiene en virtud de la ley la potestad de solicitar la suspensión de contratos innecesarios</strong> que no guardan ninguna relación de casualidad, con las causas de esta crisis o con los efectos de la misma”, afirmó el representante del ente de control.Igualmente, <strong>el procurador también abrió investigación al Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero</strong>, y a otros 11 funcionarios del departamento.Los anterior, <strong>por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en siete contratos por aproximadamente $14.000 millones de pesos</strong>, para atender la emergencia derivada del COVID-19.La <strong>Contraloría General de la República</strong>, por medio de la Contraloría Delegada Intersectorial N° 3, adscrita a la <strong>Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción</strong>, dio apertura a un <strong>proceso de responsabilidad fiscal por $1.151 millones contra el Gobernador del departamento del Tolima</strong>, José Ricardo Orozco Valero, por presuntos sobrecostos en la ejecución del <strong>contrato N° 0494 del 26 de marzo de 2020, por $5.500 millones</strong>, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa SIERRA PINEDA S.A.S. <strong>cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio</strong> por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.<strong>Los sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE</strong> (Sistema SIPSA) de $4.002.515.000 y el precio de compra del contrato de<strong> $5.154.077.411</strong> (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros).<strong>La tabla del DANE refleja un valor más razonable para la adquisición de los productos contratados</strong>, que, de haberse tenido en cuenta, <strong>le habría podido ahorrar al departamento del Tolima el valor</strong> que hoy se configura como presunto sobrecosto ($1.151.562.41).Además, del gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales:- <strong>La secretaria de Salud del departamento del Tolima</strong>, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N° 0494 del 26 de marzo de 2020;- Y la firma<strong> Sierra Pineda <a href="https://correo.caracol.com.co/owa/redir.aspx?C=ad3FYbueATYwsqqy3CGN6ELnATkUk1ePz33PDlEkdRFKqGP7IRPYCA..&URL=http%3a%2f%2fs.as%2f" target="_blank">S.AS</a>., representada legalmente por José Atanibal Sierra Avila</strong>, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato N° 0494 del 26 de marzo de 2020.La <strong>Contraloría General de la República</strong>, por medio de la <strong>Contraloría Delegada Intersectorial N° 3</strong>, adscrita a la<strong> Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción,</strong> dio apertura a un <strong>proceso de responsabilidad fiscal por $827.533.223 contra el gobernador del Tolima</strong>, José Ricardo Orozco Valero, por presuntos <strong>sobrecostos en este monto en la ejecución del contrato N° 0531 del 1 de abril de 2020, por $5.000 millones</strong>, celebrado entre la <strong>Gobernación del Tolima y la empresa Enred Group S.A.S.</strong> y cuyo objeto fue la compra de<strong> 50.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio</strong> por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.<strong>El presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE</strong> (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de <strong>$4.816.033.223 (luego de aplicados los costos asociados</strong> y/o indirectos como estampillas departamentales y póliza).Se habría dado un presunto mayor valor pagado de<strong> $12.650.000, que es la diferencia entre $4.987.350.000</strong> (el valor que resulta de multiplicar el precio real de cada kit adquirido, $99.747, por el total de kits comprados, 50.000) y <strong>el valor de $5.000.000.000 por el que se suscribió el contrato N° 0531 del 1 de abril de 2020.</strong>La Contraloría vinculó como presuntos responsables fiscales, a:- <strong>La secretaria de Salud del departamento</strong>, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, con <strong>delegación de ordenación del gasto</strong>, estructuración y suscripción del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020;- El señor <strong>Gustavo Adolfo Castaño, en calidad de Director de Infancia y Juventud para la época de los hechos</strong>, supervisor y responsable de la elaboración del proyecto de estudios previos del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020.- Y la firma <strong>Enred Group S.A.S., representada legalmente por el señor César Augusto Trilleras Castro</strong>, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato<strong> N° 0531 del 1 de abril de 2020.</strong>Mediante auto <strong>No 420 del 9 de junio de 2020, la Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía preliminar de $143 millones contra el Gobernador del Tolima</strong>, José Ricardo Orozco Valero, como consecuencia del daño al patrimonio del Departamento derivado del pago de mayores valores por intermediación innecesaria en el c<strong>ontrato 493 de 2020 suscrito con la firma León Graficas S.A.S, que tenía por objeto la prestación de servicios</strong> para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada <strong>“Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020”.</strong>El contrato referido fue celebrado en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el <strong>Gobierno Nacional, con el fin de mitigar la expansión del COVID 19 en el Departamento del Tolima.</strong>Es de resaltar que la <strong>Contraloría encontró que la labor desplegada por el contratista puede ser calificada</strong> como una mera intermediación consistente en allegar a los medios de comunicación la <strong>pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida</strong>, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello.Sin embargo, la <strong>Gobernación del Tolima decidió tercerizar y reconocerle mayores valores al contratista</strong> que oscilan entre el 38 y el 55% y no se encuentran justificados.Así mismo, <strong>la Contraloría encontró probado que en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura del Gobernador</strong> y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID 19. Entre otras cosas, <strong>se verificó que en algunas cuñas que duraban un minuto se alcanza a mencionar al Gobernador</strong> con nombre propio en al menos tres ocasiones.La cuantía por la que se abrió este proceso de responsabilidad fiscal es de <strong>$143 millones, valor que se ajustará a medida</strong> que se tenga la totalidad de la información sobre la ejecución del contrato.La Contraloría vinculó a :-<strong> La secretaria de Salud</strong>, Adriana Alexandra Márquez Ramírez.- <strong>Camilo Ernesto Valencia Agudelo</strong>, profesional universitario quien hace parte de la Secretaría Administrativa (prensa y comunicaciones) supervisor del contrato 0493 de 2020.- <strong>Santiago Barreto Triana, secretario General y de Apoyo a la Gestión, como presidente del Comité</strong> que administra el Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento del Tolima, Fometol.- <strong>Jorge Luciano Bolívar Torres</strong>, Secretario de Inclusión Poblacional, como integrante del Comité que administra el Fometol.-<strong> Fredy Torres Cerquera, Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo</strong>, como integrante del Comité que administra el Fometol.- <strong>Alexander Tovar González, secretario del Interior,</strong> como integrante del Comité que administra el Fometol.- Y el Contratista, León Graficas SAS.