En medio de polémica por PAE, Verano pide vigencias por $22.800 millones

Mientras el secretario de Educación, Dagoberto Barraza, está siendo procesado por presunta corrupción en la contratación del Plan de Alimentación Escolar, señalado por la Fiscalía de desaparecer 3 mil millones de pesos junto al menos otras 3 personas más, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, solicitó facultades especiales para comprometer $22.860 millones en vigencias futuras “para garantizar el programa”.

De hecho, la Asamblea del Atlántico ya han aprobado dichas facultades en segundo debate por ponencia favorable del diputado Juan Manotas Roa.

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“Los recursos son por un valor de $22.830 millones, los cuales provienen del Sistema General de Participación para garantizar la alimentación de las instituciones oficiales de los 20 municipios no certificados del departamento”, dijo el diputado Manotas.

El gobernador Verano busca iniciar en los últimos días del año en medio de las fiestas la licitación para que la próxima administración de Elsa Noguera, sea quien defina el operador del PAE en el Atlántico.

Para el directivo de la Asociación de Educadores en el Atlántico, Luis Grimaldo, si el objetivo de las vigencias futuras es garantizar que el primer día de clases del 2020 los estudiantes encuentren la alimentación, es bien visto. Sin embargo pidió el acompañamiento de todas las 'ías'.

"No es bien visto que al cierre de su administración y en medio de audiencias judiciales por capturas que se han presentado, la Gobernación busque adelantar el proceso licitatorio por lo que éste debe estar acompañado de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía"

La próxima sesión en la Asamblea fue convocada para el próximo jueves, día en la que se dará tercer debate a las iniciativas aprobadas, mientras Barraza espera que se reanude la audiencia de imputación de cargos que hasta el momento no tiene una fecha definida mientras la defensa estudia los documentos de las investigaciones realizado por el organismo acusador durante los últimos meses, en el que se lee que el secretario de Educación habría aprobado adición presupuestal sin el lleno de requisitos.

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En este contrato durante el segundo semestre del 2016, ejecutado por la Unión Temporal Alimentacion Escolar que tenía como representante legal a Jessica Garizábalo. El contrato tenía un valor inicial por 10 mil millones de pesos, pero fue suspendido en diciembre y se retomó en el 2017 con una adición de $6 mil millones de pesos.

Un hecho en el que la Fiscalía responsabiliza al secretario de Educación, Dagoberto Barraza, quien aprobó la adición sin tener en cuenta el incumplimiento y la falta de inversión de los recursos por parte del contratista que nuevamente, como en el primer semestre del 2016, no cumplía con los valores, pesos y raciones nutricionales de los alimentos para los niños beneficiarios.

Según la Fiscalía, el contratista reportaba la contratación del triple de las manipuladoras de alimentos para justificar sobrecostos.