Frontera nariñense entre el contrabando y la escasez de combustibles

El departamento de Nariño tiene un cupo subsidiado de 10’080.000 galones de combustible, de los cuales, se consume más del 90% en las 394 estaciones que tiene activas la región. Adicional a un promedio de 400.000 galones que llegan a precio nacional.

El remanente del hidrocarburo subsidiado, que se calcula en unos 200.000 galones, no se carga porque no se puede transportar en el mismo carro-tanque con el combustible que se compra a precio nacional en la planta de Yumbo, explican los transportadores.

El sector minorista había lanzado una alerta por la posible escasez y contrabando que desde Colombia generaría la decisión de eliminar los subsidios en Ecuador. Tras reversarse la medida en la frontera el combustible volvió a tener un precio inferior en la vecina república.

Mientras en Ipiales la gasolina y el ACPM cuestan $7.570 y $7.530, respectivamente, en Ecuador están fijados en $4.640 y $3.296, lo que favorece el contrabando desde ese país hacia Colombia para abastecer a los municipios de frontera a través de mecanismos como el "ordeño" a vehículos que cargan en estaciones de Ecuador o el paso por las trochas.

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Para propietarios de estaciones en Nariño es bien sabido que los cerca de $2.000.000 de galones de déficit que tiene la región se cubren con contrabando.

Según Mario Guevara, de Asocomsur, una de las asociaciones que agrupa a minoristas, el gremio ha sido estigmatizado y aunque se han presentado casos de desvió de combustibles, no existe un estudio serio que evidencie en qué proporción se estaría dando esta práctica, y qué cantidades estarían llegando a los laboratorios de procesamiento de cultivos ilícitos, de ahí que resulta complejo sustentar al gobierno la necesidad de que se aumente el cupo subsidiado.

Ipiales tiene la situación más crítica, puesto que antes de finalizar el mes las estaciones de servicio ya no venden al público argumentando la escasez.

Según el empresario Harold Guerrero, miembro de Adiconar, otra de las asociaciones de minoristas es necesario que las autoridades investiguen las prácticas de desvió para evitar que se siga generalizando sobre lo que se ha denominado el “Cartel de los combustibles".

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En el caso de Pasto, los empresarios coinciden en que además de una ampliación de cupo, el cual no se actualiza desde el 2017 se hace necesario una redistribución interna entre las estaciones sobre todo las de la periferia, las cuales cuentan con mayor volumen de galones asignados que las que operan en la zona central y corredores de mayor movilidad de la ciudad.

Acciones de las autoridades

Este año la Fiscalía logró sentencias condenatorias con penas entre 7 y 8 años de prisión y multas a 25 personas dedicadas a la comercialización ilegal de combustibles quienes trasportaban cantidades superiores a las permitidas desde el municipio de Taminango hasta Policarpa para la venta como precursor en el procesamiento de narcóticos. Entre los judicializados hay tres miembros de la policía quienes recibían dinero para facilitar el transporte, además, de un concejal activo del municipio de Taminango.

Según la Fiscalía, los procesos investigativos para golpear estas estructuras continúan.