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Procuraduria General de la Nacion

Procuraduría ya había solicitado la suspensión del contrato de bilingüismo

La lupa del órgano de control estaba puesta sobre el contrato pactado con la Guajira

Procuraduría ya había solicitado la suspensión del contrato de bilingüismo

Procuraduría ya había solicitado la suspensión del contrato de bilingüismo(Colprensa)

Cúcuta

El primer aspecto que llamó la atención de la procuraduría general de la nación en el contrato estaba en el número de localidades que se verían beneficiadas con el contrato que buscaría enseñar inglés. Se hablaba de atención a 38 municipios cuando este departamento solo tiene 15 municipios.

Una vez se supo esta información, se desarrolló un otrosí para modificar el documento.

Un día antes de iniciar la ley de garantías fue firmado el convenio, lo que también encendió la polémica entre algunos sectores que pidieron la inspección del contrato.

El órgano de control había solicitado la suspensión de este contrato.

Sin embargo lo que ahora llama la atención del órgano de control es el presupuesto oficial del contrato, que al parecer no tendría sustento en un estudio de mercado y análisis de costos de las características específicas del objeto y las prestaciones a contratar, y en la oferta presentada por Nui Telco S.A.S tampoco estarían discriminados los costos por actividad.

“En relación con la experiencia acreditada por la sociedad de economía mixta contratada, se advierte que es su amplia experiencia en temas de proveer conectividad a internet en establecimientos educativos e implementación de nuevas tecnologías, más no en la realización de actividades de formación docente, material educativo, componente intercultural, objeto del contrato interadministrativo suscrito por la Gobernación de Santander y la empresa Nui Telco S.A.S.”, precisó el Ministerio Público en su comunicación al mandatario.

La Procuraduría también indaga por presuntas irregularidades en la contratación con ejecuciones presupuestales programadas para el año 2021, sin que al parecer se hubiera evidenciado la autorización del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de vigencias futuras.

 

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