Cauca: La guardia en alto

En una entrevista con María Isabel Rueda, en El Tiempo, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, explica la ola de asesinatos de las últimas semanas contra la guardia indígena como una retaliación de los narcos por el acuerdo con la Fiscalía para desmontar los transformadores que permiten llevar energía hasta los cultivos de marihuana “creepy”.

Esa decisión de cortar la energía, aparentemente inocua, solo es el reflejo de la complejidad de la situación que se vive en ese departamento como lo es la de la zona del Catatumbo, el Bajo Cauca o Chocó, y que en Bogotá no se entiende en su verdadera dimensión. De todas maneras, afectar la producción de más de 240 hectáreas de marihuana en el Norte del Cauca –la cuenta puede quedarse corta-- es meterse con un negocio del que se lucran los grupos ilegales, las mafias que controlan el negocio en Colombia y las que la exportan a Centroamérica o a Brasil y Ecuador.

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Pero el tema grueso es el control territorial para el negocio de la coca que en el caso del Cauca aumentó las hectáreas de 15.960 a 17.117, entre 2017 y 2018, según el informe del Observatorio de Cultivos Ilícitos – Unodc. Tener el control territorial para sacar la droga es la lucha que sostienen allí en las zonas de resguardos las disidencias de las Farc –“Jaime Martínez”, “Dagoberto Ramos”--, el ELN, los “Pelusos” y los carteles mexicanos que se encargan de mover los insumos y sacar la droga.

A ellos se enfrentan con bastones de chonta la Guardia Indígena, en una lucha desigual con unos grupos organizados que usan armas largas. A lo que se suma el hecho de que constitucionalmente y por convenios internacionales los resguardos son autónomos y aplican sus leyes y sus sistemas de seguridad. Pero además por un problema de desconfianza de las violencias del pasado y de incumplimientos del Estado no admiten la presencia de la Fuerza Pública. Una decisión en la que se mantienen las comunidades pero con la que no están de acuerdo muchas voces en el país como la del defensor Carlos Negret que considera que la presencia “en todo el territorio departamental de nuestras fuerzas armadas.

En eso parecen estar lejos de un acuerdo con el gobierno Duque porque pese a que el Norte del Cauca es una de las más militarizadas no solo hay tráfico de drogas sino asesinatos de líderes indígenas. Allí, como en las demás zonas de conflicto, el problema no es solo de presencia militar. Lo cual, por lo demás, deja ver lo difícil que será la implementación de la fumigación con glifosato en esa y en otras zonas donde hay protección especial para la población.

Por ahora la zona Norte del Cauca, afectada por un masivo desplazamiento, no parece tener a la vista una solución. En el pasado todo se superaba con las firmas de acuerdos con la minga. El problema ahora es con las más poderosas organizaciones criminales del mundo.