JEP da 30 días para recibir información de desaparecidos en Medellínr

El Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos reveló una investigación que pagó hace 9 años la Alcaldía de Medellín sobre los desaparecidos.

Varias disposiciones hizo el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, a las autoridades que han tenido a su cargo la búsqueda e investigaciones por la desaparición de 250 personas durante y después de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.

En la segunda audiencia pública se estableció un plazo de 10 días a la Fiscalía General para que entregue a esa magistratura un informe completo con las cifras actuales de los desaparecidos y las estrategias de extinción de dominio en terrenos que, según las víctimas, deben ser sometidas al proceso.

En ese mismo sentido, la Gobernación de Antioquia también deberá remitir en un plazo de 10 días los informes sobre la investigación según su competencia, pero además en 30 días tendrá que planear un proyecto de memoria en conjunto con los familiares de las víctimas.

La audiencia también fue escenario para que el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos revelara una investigación que pagó hace 9 años la Alcaldía de Medellín sobre los desaparecidos en La Escombrera y que nunca fue publicada.

El Grupo tuvo acceso al documento y lo guardó durante 8 años con el argumento de que no había ninguna instancia judicial con intenciones de investigar y solo hasta ahora, viendo el compromiso de la JEP, lo entregan a los magistrados.

Más revelaciones

La investigación recoge los testimonios de exparamilitares quienes dieron los puntos exactos de lugares donde habrían enterrado a las víctimas, ubicación de casas de tortura pero además concluye que sí hubo participación del Estado en la violación de derechos humanos durante la archiconocida Operación Orión.

Otras revelaciones en esta audiencia se refieren a la desaparición de pruebas de ADN, al parecer en las instalaciones de Medicinal Legal, según la Fiscalía, de cinco cadáveres que hoy reposan sin identificar en el Cementerio Universal de Medellín.

Ahora, la JEP recogerá el cuantioso material probatorio y testimonial para definir si decreta las medidas cautelares sobre Las Escombreras y la Arenera en la Comuna 13 para que no se sigan arrojando escombros en los sitios donde podrían estar sepultados los restos de personas desaparecidas.

El magistrado Gustavo Salazar advirtió que en Medellín hubo un patrón sistemático de desapariciones forzadas y cuestionó que la Fiscalía no haya ampliado las labores de búsqueda a todo el centro-occidente de Medellín.

Por su parte, las víctimas reconocieron el papel trascendental que tiene la JEP en su lucha y pidieron que no se sigan considerando los argumentos de la Fiscalía sobre la complejidad del terreno o los altos costos para justificar el poco avance la investigación o la suspensión de esa búsqueda.

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