“Cuantas acciones judiciales correspondan” interpondrá el Gobierno de Madrid para defender los intereses del Canal de Isabel II y su filial Inassa con sede en Barranquilla, tras el embargo del 82% de participación que la multinacional tiene en la empresa Triple A, por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Así lo manifestó este jueves el vicepresidente del Gobierno madrileño, Pedro Rollán, al considerar que “se defenderán los intereses de una empresa pública y también para el buen nombre del Canal", indicaron medios españoles.

Lo anterior ante la medida cautelar del ente investigador de embargar las acciones como consecuencia de una investigación por presunto desvío de 237.000 millones de pesos en el pago de una asistencia técnica que no se habría prestado durante los últimos 17 años.

El funcionario expresó su desacuerdo por las medidas de la Fiscalía por lo que se defenderán “los intereses patrimoniales y económicos” de Canal de Isabel II, a la que la agencia de calificación de crédito Moody’s situó a la empresa en “revisión a la calificación” tras las actuaciones del organismo investigador colombiano.