Por disposición del<strong> Juzgado Tercero penal</strong> del circuito de Ibagué, cinco años de prisión deberá pagar <strong>Mauricio Campos del Cairo,</strong> por su participación en los hechos de corrupción donde varios particulares se apropiaron de dineros que eran destinados para la construcción de escenarios deportivos en los juegos nacionales del año<strong> 2015</strong> en la capital <strong>tolimense.</strong>Campos del <strong>Cairo,</strong> para la época de los hechos se desempeñaba como supervisor de contratos de obra en <strong>interventoría pública</strong> de la <strong>remodelación</strong> de los escenarios deportivos, vinculado al instituto municipal para el deporte y la recreación <strong>Imdri.</strong>El acusado fue condenado por los <strong>delitos de peculado por apropiación,</strong> <strong>celebración indebida de contratos</strong> y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, condena que deberá pagar en la <strong>cárcel de Picaleña</strong> de <strong>Ibagué.</strong>Ante el<strong> Juzgado Octavo Penal Municipal</strong> con función de control de garantías de <strong>Ibagué,</strong> la <strong>Fiscalía</strong> solicito prórroga por un año de la medida de aseguramiento en centro carcelario que actualmente cumple <strong>Carlos Alberto Ramírez Quintero</strong>, ex director técnico de la empresa<strong> española Typsa.</strong>El alto ejecutivo está privado de la libertad desde el<strong> 13 de septiembre</strong> del año <strong>2017,</strong> cuando fue capturado por miembros del cuerpo Técnico de investigación del <strong>CTI</strong> de la <strong>Fiscalía,</strong> por el millonario fraude que impidió que los Juegos Nacionales se celebraran en Ibagué, debido a que los escenarios deportivos nunca <strong>fueron terminados</strong> y los dineros para esas obras fueron desviados a <strong>bolsillos</strong> de <strong>particulares.</strong>En la audiencia, la fiscal del caso señaló que <strong>Ramírez Quintero,</strong> quien se habría apropiado de<strong> $34 millones,</strong> servirá como testigo de cargo contra varios de los<strong> vinculados a este proceso</strong> y se estudia la posibilidad de realizar un principio de oportunidad en el que el ente investigador suspendería la acción penal por un tiempo, a <strong>cambio</strong> de la <strong>información</strong> que este pueda suministrar para dar con el paradero de más responsables en estos actos de corrupción.Es importante resaltar que a la fecha han sido condenadas<strong> 11 personas de 17 capturadas</strong> por estos mismos hechos de corrupción.