Estos son los magistrados costeños que integran la JEP

Siete magistrados costeños representarán a los defensores de Derechos Humanos, grupos indígenas y víctimas del conflicto, dentro de los 51 miembros seleccionados para conformar la Justicia Especial para la Paz, tribunal que se encargará de poner en marcha la justicia transicional acordada entre el Gobierno y las Farc en las negociaciones de Cuba.

Salas de Justicia

Juan Cantillo Pushaina será el titular de las Salas de Justicia de la JEP representando a su comunidad indígena wayuu de La Guajira, departamento donde es reconocido por su trabajo en la Defensoría del Pueblo donde se desempeñó en la protección y defensa de Derechos Humanos.

Es magíster en Derecho área Procesal y Penal y cuenta con una especialización en Derecho Constitucional. Su hoja de vida recalca que tiene amplia experiencia en Derechos Internacionales y Justicia Transicional.

Ante el Comité de escogencia expuso que “deseo ser un instrumento en este momento histórico para Colombia y el objetivo de alcanzar la Paz” y agregó que será garantía para que el alto tribunal represente los intereses morales de los colombianos.

Por su parte, la magdalenense Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín ha sido escogida como la segunda magistrada titular de Sala de Justicia de la JEP en Colombia.

Henríquez Chacín es afrocolombiana; abogada de la Universidad Nacional y experta en Derechos Humanos con varias especializaciones y maestría de la Universidad Santo Tomás. Tiene 14 años de experiencia en el acompañamiento a organizaciones sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y víctimas del conflicto, a través de la documentación de casos, asesoría jurídica, promoción de derechos y representación judicial en procesos penales por hechos ocurridos en los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira.

Como funcionaria pública ejerció tareas misionales y de investigación sobre los pueblos indígenas y asuntos de medio ambiente en la Defensoría del Pueblo Seccional Guainía, fue abogada de la Unidad de Restitución de Tierras seccional Magdalena, ha sido docente en la Universidad del Magdalena y publicado investigaciones en temas como desaparición forzada, memoria histórica, justicia transicional y teoría Jurídica.

En su exposición de motivos por los cuales concursaba para ser magistrada de la JEP escribió: "Dedicaré mis capacidades, formación y experiencia a la construcción de bases sólidas para la paz, considerando que la adecuada aplicación de la justicia transicional, el derecho penal internacional, nuestro ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos humanos y el DIH, orientan la armonización entre los requerimientos de verdad y justicia y la tramitación de los delitos cometidos por los actores armados; lo cual es fundamental en un país que reconoce y acepta su pasado para transformar su futuro".

Es propietaria de un reconocido establecimiento de hospedaje en el corregimiento samario de Taganga, el cual está debidamente registrado en Cámara de Comercio con el nombre de Villa Mandela Hostel Casa Mojito.

Así mismo, Belkis Florentina Izquierdo Torres, de Pueblo Bello, Cesar, de la etnia arhuaca, es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en Administración Pública y énfasis en gobernabilidad y políticas públicas; con más de doce años en el sector público, orientados, en su mayoría, a fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

Fue la primera mujer indígena, Magistrada Auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. Sus esfuerzos se han centrado en visibilizar la jurisdicción especial indígena, bajo premisas de (i) la autonomía indígena en materia de justicia como un derecho fundamental; (ii) fortalecimiento de la coordinación entre los sistemas de derecho indígena y la jurisdicción ordinaria, en cada ámbito territorial y (iii) la defensa constante de los derechos de las mujeres y la niñez.

En sus motivos expuso: "Los sistemas de justicia de los pueblos indígenas se relacionan íntimamente con la justicia restaurativa, lo que tiene un enorme potencial para la transición hacia la paz. Esta mirada diversa es un aporte para la Jurisdicción Especial para la Paz, si se entiende la justicia transicional como un escenario que trasciende el derecho penal, pues exige una comprensión integral de los derechos de las víctimas, la defensa de la seguridad jurídica para los ex combatientes, y la reconciliación y armonización de los individuos, las familias y la sociedad en general. Es relevante recordar que los pueblos originarios están en un 30% del territorio y en zonas donde el impacto del conflicto armado ha sido intenso".

Ella es una de las hijas del defensor de derechos humanos Julio Henríquez Santamaría, que desapareció en febrero de 2001 cuando paramilitares al mando de Hernán Giraldo Serna lo sacaron de una reunión y más nunca se supo de él porque trataba de sustituir cultivos de coca por cacao en cercanías al Parque Nacional Tayrona.

Gracias al testimonio de Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín y familiares, hace seis meses el juez de la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos, Reggie Walton, condenó a 16 años y medio de cárcel al ex paramilitar Hernán Giraldo Serna por narcotráfico.

Julieta Lemaitre Ripoll es una Cartagenera, abogada de la Universidad de los Andes en 1995. También realizó una maestría en Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de New York en 1998. Realizó un doctorado en Ciencias Jurídicas en Harvard Law School en Cambridge en 2007.

Entre 1994 y el 2004 realizó varios trabajos de consultoría para diversas entidades públicas y ONG: Centro para los Derechos Reproductivos, Profamilia, PNUD, OMS, Alcaldía de Bogotá, Cijus (Uniandes).

En 1998 fue asesora para la Presidencia de la República en la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer DINEM participando en la elaboración del informe de Colombia a la CEDAW así como en los procesos de cabildeo y monitoreo de la reforma a la ley de violencia intrafamiliar y al Código Penal.

En 1999 fue profesora de la Universidad de los Andes en la Facultad de Derecho interesándose por el derecho constitucional en género. Ello incluye derechos sexuales y reproductivos, sociología de los movimientos sociales que reclaman derechos, y de los derechos de las mujeres desplazadas por la guerra.

Entre el 2014 y 2015 fue investigadora visitante en la escuela de derecho de la Universidad de Yale con el apoyo de la Universidad de los Andes.

Asegura que a través de su trabajo ha conocido decenas de mujeres campesinas desplazadas, funcionarias públicas y trabajadoras anónimas de ONG, enfrentadas a la guerra y al Tribunal le aportaría sus años de investigación sobre las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, y una sólida formación y trayectoria académica en derecho y género.

Se considera feminista porque la inclusión de las mujeres en la justicia transicional no se puede limitar a “agregar mujeres y mezclar.” Manifiesta que el feminismo es un proyecto liberador que promueve una justicia de género más amplia, que incluye las expresiones de las sexualidades diversas, y transformación de las estructuras que dan origen a estereotipos sociales dañinos y reproducen la violencia.

Gina Cabarcas Maciá, es una cartagenera que está casada con Luis Carlos Sánchez, abogada de la Universidad de los Andes en el 2006 y de la misma institución Historiadora en el 2007. Tiene un magister en Historia del 2009 también de Los Andes. Maestría en Derecho de la Universidad de Yale en el 2012.

Habla español, inglés, portugués.

Entre el 2008 y el 2011 fue Investigadora asistente del Grupo de Memoria Histórica. Participó en la investigación de la masacre de La Rochela y en el balance de Justicia y Paz.

En el 2010 participó de la publicación: La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia. En el 2012 participó de la publicación: Justicia y paz: ¿verdad judicial o verdad histórica?

Entre el 2012 y el 2014 fue Fiscal con funciones de coordinación de analistas en la Unidad Nacional de Análisis y Contextos. Conformó un grupo de 70 analistas, aportando investigaciones del conflicto armado, especialmente falsos positivos, violaciones atribuibles a las Farc-EP, exterminio de la Unión Patriótica, paraeconomía en Urabá, entre otros.

Entre el 2014 y este año, fue Subdirectora de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación encargada de implementar la priorización, el análisis en contexto, entre otras políticas en la Fiscalía a nivel nacional y territorial.

El 2 de octubre de 2016 salió con vestido blanco y sandalias a votar Sí en su natal Cartagena. Este año había alcanzado el cargo de Directora Nacional de Apoyo a la Investigación y el Análisis para la Seguridad Ciudadana.

Manifestó que la JEP es la oportunidad para lograr un proceso de justicia serio que contribuya a la verdad, dé cuenta de las causas institucionales, políticas y sociales del conflicto y no se centre en chivos expiatorios.

Asegura que es importante que los casos que reciba el Tribunal agrupen hechos que describan las violaciones ocurridas, de manera que más víctimas vean sus casos ilustrados en las decisiones judiciales, aunque no estén individualmente representadas.

Tribunal de Paz

Zoraida Chalela tiene en su hoja de vida más de una década trabajando como Magistrada de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, por lo que manifiesta sentirse costeña por adopción, aunque sea oriunda de Ocaña, Norte de Santander.

Su labor como jurista la ha desempeñado entre Cartagena y la capital del Atlántico y hoy hace parte del Tribunal de Paz en el que espera poner a su servicio la formación judicial y su experiencia en la justicia ordinaria como en la transicional.

“Es un compromiso moral poder contribuir con la paz de mi país y conocer más a fondo la dinámica del conflicto armado”, señaló Chalela en su exposición ante el Comité de Selección cuando fue llamada a entrevista.

Para la Magistrada, la base del Acuerdo Final de Paz y las normas que lo implemente deberán garantizar los derechos tanto de los postulados como de las víctimas, siendo estos privilegiados.

Chalela cuenta con intercambios judiciales internacionales en Perú y Argentina y ha participado en conversatorios internos sobre justicia transicional.

Ana Manuela Ochoa Arias, de la etnia kankuama, en Valledupar, es abogada con amplios conocimientos en derechos humanos, DIH, políticas públicas, derechos de los Pueblos Indígenas con enfoque de género, derechos de los niños y niñas desvinculados del conflicto armado y Jurisdicción Especial Indigena (JEI).

Tiene experiencia en instancias internacionales como la CIDH, donde trabajó durante dos años como abogada-becaria de la Relatoría de los Pueblos Indígenas; ha representado a los Pueblos Indígenas de Colombia ante las Naciones Unidas.

Durante más de 15 años se ha desempeñado como abogada en diferentes organizaciones del país. En la ONIC fue asesora jurídica y Secretaria Técnica de la Mesa Permanente de Concertación, y es fundadora de la Comunidad de Juristas Akubadaura, en la que confluyen abogados y abogadas indígenas del país.

En sus motivos expuso que "Mi principal motivación para este cargo es contribuir en la construcción e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en articulación con la JEI. Asimismo, busco aportar medidas específicas y diferenciadas para el acceso de los pueblos étnicos a la justicia y el establecimiento de procedimientos diferenciados para personas indígenas que participaron en el conflicto armado. Los pueblos indígenas, desde nuestras experiencias organizativas, culturales y de administración de justicia, hemos desarrollado un enfoque de justicia restaurativa y abordada con gran experticia las problemáticas y soluciones a los procedimientos de coordinación entre la JEI y la Jurisdicción Ordinaria. Desde mi experiencia, puedo contribuir a la construcción de una justicia transicional incluyente y pluralista; en la que se incorporen procedimientos interculturales y de coordinación entre la JEP y JEI", señala, haciendo énfasis en la articulación de la justicia transicional con la indígena.