Museos, colegios y niñez: así ha desarrollado la batalla cultural Abelardo en 100 días de gobierno

La llamada “batalla cultural” se convirtió en una de las apuestas del Gobierno de Abelardo de la Espriella durante sus primeros 100 días de gobierno. Lo que comenzó como un discurso sobre la recuperación de los valores tradicionales y la identidad nacional se ha traducido en decisiones y propuestas que han generado controversia en artistas, docentes, instituciones culturales, colegios y entidades encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes.

Durante este tiempo Abelardo de la Espriella ha defendido esta apuesta con el argumento de que las instituciones públicas no deben convertirse en “espacios de adoctrinamiento político o ideológico”.

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El 15 de octubre, durante su primera visita al Ministerio de Cultura, anunció una “contrarrevolución cultural” y aseguró que “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de ideología”. También anunció que la cartera volvería a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio y pidió retirar de espacios públicos representaciones que calificó como “apología del terrorismo”.

Pero la discusión pronto pasó del discurso a las decisiones concretas. ¿Quién define qué historias se cuentan en los museos, qué contenidos deben llegar a los colegios y cómo deben representarse las experiencias de niños y niñas?

Cultura: el Museo Nacional, el caso más polémico

Uno de los episodios más polémicos ocurrió cuando fueron retiradas más de 40 obras de la sala “Hacer Sociedad” del Museo Nacional. Entre ellos había contenidos y objetos relacionados con las luchas de las mujeres, con la comunidad del LGBTIQ+, las víctimas de la Unión Patriótica y los procesos de paz y memoria.

Además, incluía un manifiesto de 1978 sobre anticoncepción, aborto y esterilización forzada; una edición de 1955 del periódico “Nuestras Mujeres”, que documentaba las luchas por el derecho al voto de las mujeres, así como un tambor perteneciente a un colectivo de mujeres lesbianas y objetos ligados a mujeres trans. En total, el inventario reportó 63 elementos retirados, 22 de ellos clasificados como bienes patrimoniales.

El Gobierno justificó la revisión de estos contenidos por considerar que los espacios culturales no deben promover interpretaciones ideológicas. Sin embargo, artistas, investigadores y organizaciones culturales cuestionaron que se sacaran piezas que documentan procesos sociales y luchas por derechos que también hacen parte de la historia, la memoria del país.

La decisión terminó en los tribunales. El 28 de octubre, un juzgado de Bogotá ordenó restituir las piezas, que regresaron a la exposición. Sin embargo, el Gobierno impugnó el fallo el 6 de noviembre, por lo que la controversia jurídica continúa.

La discusión llegó también a la Biblioteca Nacional. Se conoció que desde la dirección de la institución se habría solicitado al Ministerio de Cultura desmontar anticipadamente la exposición “Nocturnos. Archivo de la noche” que reúne más de 230 documentos y obras sobre la historia política y social del país, así como archivos y memorias de la población LGBTIQ+. Fue la inaugurada fue el 30 de julio y está programada hasta marzo de 2027, por lo que de nuevo, se buscaría que terminara lo antes posible.

A estas controversias se sumó una decisión con efectos directos para los artistas, audiovisuales y todo sector cultural del país: en septiembre, el Ministerio suspendió la evaluación y selección de ganadores de las modalidades de Premios y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos de 2026. Por lo que la medida dejo en riesgo más de 1.308 propuestas sin evaluación y garantías de ejecución.

La cartera argumentó en su momento presuntas dificultades de personal, presupuesto y disponibilidad de caja, que había dejado en deuda el anterior gobierno, que cabe decir, sigue por comprobarse aquellos hallazgos denunciados.

Educación: qué se enseña en los colegios

La batalla cultural también llegó a las aulas. Uno de los principales cuestionamientos del Gobierno se dirigió a la Resolución 1350 del 10 de julio de 2026, que adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el periodo 2026-2035.

La política contemplaba incorporar estos contenidos en los proyectos educativos y planes de estudio, además de fortalecer la formación de docentes. Sin embargo, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, pidió a la Presidencia iniciar el trámite para derogarla y contener sus efectos. Entre sus reparos mencionó la autonomía escolar, el papel de los padres de familia y las condiciones jurídicas y presupuestales para implementarla.

Otro frente fue el borrador de decreto que conoció Caracol Radio, sobre que, el Ministerio puso en consulta pública la propuesta que pretendía que, entidades privadas pudieran administrar colegios oficiales por periodos de hasta 12 años y contemplaba contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias pedagógicas.

Fecode cuestionó la iniciativa por considerar que abre la puerta a una mayor participación privada y religiosa en la educación pública. Sin embargo, este es el momento en que se desconoce en qué va ese proyecto, si cambiarían la medidas al pasar la etapa de comentarios y si finalmente se convertiría en decreto.

La orientación del Gobierno también quedó plasmada en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, presentadas el 13 de noviembre. El documento propone revisar normas, materiales pedagógicos y programas educativos que, según el Ejecutivo, promuevan “ideología política, de género y la cultura de la muerte”. También plantea una formación afectiva y sexual acorde con la edad de los estudiantes, con información previa a padres y cuidadores.

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Según la postura del Gobierno, presentaría planteamientos como parte de “una formación centrada en la familia, la dignidad humana y el respeto por la vida“. Sin embargo, cabe aclarar que las bases todavía deben pasar por el proceso de discusión y elaboración del proyecto de ley del Plan; por tanto, no son medidas que ya se estén aplicando en los colegios.

El ICBF: el debate sobre cómo se representa a la niñez

La controversia también llegó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En agosto, su directora, María Carolina Restrepo, ordenó retirar un mural de la sede de la entidad en Bogotá al cuestionar mensajes y símbolos que consideró políticos. Entre ellos estaba la frase “Resistencia Chiquita”.

“¿Cómo usan a los niños? Esto es absolutamente abusivo”, expresó la funcionaria al cuestionar una posible instrumentalización política de los menores. Sin embargo, “Resistencia Chiquita” también es el nombre de un colectivo de niñas que utiliza el arte y la participación para denunciar violencias y estereotipos. Su origen está relacionado con el feminicidio de Yuliana Samboní.

Así, la decisión abrió un debate sobre los límites entre proteger a los menores de la instrumentalización política y reconocer su derecho a participar y expresar sus propias experiencias.

Otro episodio tuvo que ver con el lenguaje utilizado por la entidad. La Defensoría del Pueblo pidió explicaciones al ICBF después de que en una regional se impartiera la instrucción de utilizar expresiones como “niños y adolescentes”, sin mencionar específicamente a las niñas.

La directora defendió el uso de la palabra “niñez”, al considerar que comprende tanto a niños como a niñas. La Defensoría, en cambio, advirtió que nombrar específicamente a las niñas permite visibilizar las desigualdades y violencias particulares que enfrentan.

Aunque son decisiones distintas, ambas controversias reflejan una discusión sobre cómo las instituciones públicas reconocen a la infancia, qué espacios les dan para expresarse y de qué manera nombran sus experiencias.

En estos primeros 100 días, la batalla cultural ha llegado a los museos, las bibliotecas y la financiación artística, a como se identifica y se reconoce el papel de cada artista, niños y niñas, las prácticas que son fundamentales en la educación y no hay que pasar por alto o prohibirlas.