Funcionario de la DNI detenido sería un ‘hacker’ investigado por intentar manipular elecciones

Carlos Oyola, el funcionario de la DNI detenido en Neiva el pasado 6 de noviembre, está siendo investigado por presuntamente haber liderado una red que tenía como objetivo atacar los sistemas de la Registraduría para cambiar los resultados de las últimas elecciones presidenciales.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que exponen diferentes irregularidades que se habrían presentado al interior de la entidad durante el período presidencial de Gustavo Petro.

En los informes aparece el nombre de Carlos Andrés Oyola Tovar, a quien se le habría asignado la misión de vulnerar los sistemas de la Registraduría para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.

También se habla de presunto espionaje a expresidentes e irregularidades en contratación y adquisición de equipos para la entidad.

¿Quién es Carlos Oyola, el ‘hacker’ de la DNI?

Según la investigación, Oyola estuvo vinculado al DNI desde febrero de 2024. Entre las funciones que se le asignaron, según lo detallado en los informes de la administración actual, estaría coordinar activistas digitales, bodegueros y hackers. Además, se anota que sostuvo reuniones con fiscal Luz Adriana Camargo.

Uno de los detalles que más asombran dentro del caso, es que Oyola tenía una órden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, 3 semanas antes primera vuelta. Para el momento de su detención, aún seguía siendo funcionario de la DNI. Es decir, el ‘hacker’ estuvo eludiendo a la Fiscalía por 6 meses.

Carlos Oyola tiene otras anotaciones en su registro judicial: Una en 2022 por violencia intrafamiliar, y otra el año siguiente por un presunto intento de fraude informático junto a su gemelo Cristian Oyola. La investigación nunca prosperó en la Fiscalía de Neiva.

En el 2023, se le abrió un proceso en la Fiscalía por acceso abusivo informatico, falsedad en documento publico, fraude procesal, y concierto para delinquir. Esto, luego de que se descubriera  que había ‘hackeado’ los sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para modificar sus notas y poder graduarse de una especialización en Gestión Pública y para aprobar una maestría de Gobierno y Políticas Públicas. Según el medio que publica la investigación, fue por este caso que se hizo efectiva la captura el pasado 6 de noviembre. 

El informe revela algunas de las acciones que habría realizado Carlos Oyola al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia. Entre ellas, habría ‘hackeado’ entidades del estado para que la contrainteligencia tuviera acceso a las bases de datos, las alojó en una nube y luego perdió esa información, por lo que se le reubicó al área de Tecnología.

Posteriormente, se le habría encomendado la misión de liderar una red que atacaría los sistemas de la Registraduría Nacional de la Nación para cambiar los resultados de las elecciones del 21 de junio.

Justo antes de la primera vuelta de las elecciones, Oyola fue avisado de un allanamiento que se realizaría en el apartamento fachada de la DNI en el que él se encontraba. Escapó antes de la llegada del CTI, pero dejó en el lugar computadores, celulares y otros dispositivos que están ahora en poder de la Fiscalía.

Por otro lado, un informe enviado a Presidencia el pasado septiembre detalla que Oyola estuvo vinculado con un frustrado proyecto para desarrollar el SIIC versión II, es decir, el Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, en el que debieron haber quedado registradas todas las visiones de la entidad.

El funcionario no entregó el sistema, pues presuntamente fue víctima del hurto del equipo de cómputo en el que lo estaba desarrollando. No se presentó una denuncia ante la Fiscalía, ni hay registros de sanciones internas por el incumplimiento de Oyola.

¿Espionaje a expresidentes?

Los documentos revelados no solo hablan del ‘hacker’ de la DNI. También se mencionan otros hechos que darían cuenta de irregularidades al interior de la entidad.

En primer lugar, también durante la época electoral, se emitió el Decreto 0563 Del 3 de junio de 2026, con el que se le delegó una nueva función al DNI: asignar los vehículos de los expresidentes.

La decisión extralimitaría en sus funciones a la Dirección y según los análisis hechos por la actual administración, podría denotar una intención de ejercer control e inteligencia sobre las personas protegidas, y un presunto espionaje a los exmandatarios.

En el documento “informe de empalme”, de julio 2026, dirigido al director entrante, la DNI también menciona una supuesta estrategia para obligar a la nueva administración de la DNI a reintegrar personas cercanas de confianza de gobierno Petro.

El 18 de junio de 2026 se habría dado una salida planeada y coordinada de varios funcionarios, mediante la declaratoria de insubsistencia, sin justificación y sin debido proceso.

Se trataría de personas de confianza del expresidente Petro, con la intención de que, tras el respectivo proceso judicial, pudieran ser reintegradas tiempo después.

Malware de Rusia

La investigación también expone la sospecha de que desde Rusia se habría intentado instalar un malware en los equipos de los funcionarios de la Dirección.

Dichas sospechas apuntan a que el SVR, servicio secreto ruso, habría entregado computadores y celulares a agentes que estuvieron capacitándose allí, para que los equipos llegaran a Colombia a infectar los sistemas de la DNI. Ante esta situación, el informe recomienda una inspección forense inmediata a los equipos de la entidad.

Hallazgos presupuestales en la DNI

La Dirección Nacional de Inteligencia también habría hecho algunas compras durante el período presidencial de Gustavo Petro que habrían impactado negativamente su presupuesto.

Se adquirió un helicóptero no tripulado por un valor de $9 mil millones, en un precio que el informe considera “sobrevalorado”.

La aeronave, además, habría presentado una serie de fallas simultáneas en los sistemas críticos, por lo que nunca se le pudo dar un uso efectivo.

Incluso, el 15 de marzo sufrió un siniestro. En ese momento se conoció que solo estaba asegurado por el 10% de su valor, es decir, $900 millones.

Hubo más compras que representaron un alto gasto para la entidad sin que pudieran mejorar sus operaciones. Entre ellas, el DNI suscribió el contrato 053 7 de octubre 2022 por 580 millones para la compra de un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris.

Tal sistema no pudo ser implementado porque era incompatible con los equipos de la entidad.

A través del contrato 043 de 2024, se adquirieron 595 computadores en una subasta, por un valor cercano a los $1.314 millones. Los equipos presentaron fallas y se determinó que no tienen la capacidad de un equipo corporativo.

Finalmente, por medio de un contrato mobiliario firmado el 30 de enero del presente año por un valor de $1.549 millones, se adquirieron 10 atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones para dotar la nueva sede del DNI en Funza, Cundinamarca.

Otra de las actuaciones contractuales que preocupa a la administración actual es la no renovación del contrato con el proveedor del sistema de registro para las misiones de trabajo. Una decisión que afecta las operaciones de la Dirección actual, pues la entidad se quedó sin manera de hacer registro de las misiones que se llevan a cabo, ni de acceder a información previa.