“Desconocemos amenazas contra Hidroituango, el Metro o la Alcaldía”: Gobernación de Antioquia

Medellín

La Gobernación de Antioquia aseguró que desconoce oficialmente las presuntas amenazas contra el Metro y la Alcaldía de Medellín en medio de millonarias extorsiones a Hidroituango, por parte del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

La información fue revelada por Empresas Públicas de Medellín en un documento enviado al Congreso de la República, en el que denunció exigencias económicas de hasta $5.000 millones como pago inicial y $500 millones mensuales.

El secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, manifestó que su dependencia no ha recibido comunicaciones de las autoridades sobre estas intimidaciones.

“Desconocemos de manera oficial amenazas contra Hidroituango o el Metro de Medellín. Nosotros aquí no hemos tenido ni una información concreta de las autoridades correspondientes. Lo conocí por algo que vi en algún chat este fin de semana, pero concretamente que a nosotros nos hayan convocado por amenazas al Metro, pero amenazas a Hidroituango, no las hay hasta el momento”, aseguró Martínez Guzmán.

Millonarias extorsiones y acciones criminales del frente 36 de las disidencias de las Farc

Las declaraciones del secretario se producen después de conocerse un documento oficial que EPM remitió a la Cámara de Representantes el pasado 28 de octubre, en respuesta a una invitación a un debate de control político sobre la situación de seguridad y orden público en Medellín.

En la comunicación, dirigida al primer vicepresidente de la Cámara, Simón Molina Gómez, la empresa advirtió sobre millonarias exigencias económicas atribuidas al Clan del Golfo, acompañadas de amenazas contra Hidroituango, el Metro de Medellín y la Alcaldía.

EPM también reportó la instalación de dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango, en un ataque que dejó un soldado herido y un sargento muerto. Estos hechos provocaron afectaciones logísticas al proyecto hidroeléctrico, que permaneció cerca de una semana sin recibir carga crítica para su operación.

En el mismo informe, EPM denunció atentados contra tres torres de transmisión de energía en Medellín y Bello, así como dos sobrevuelos de drones sobre la central hidroeléctrica durante marzo de 2026.

Debido a los riesgos para sus trabajadores y la infraestructura energética, la compañía restringió temporalmente el ingreso de su personal a zonas rurales del municipio de Briceño y al menos 17 veredas.

La empresa también advirtió sobre los riesgos derivados de las disputas territoriales entre estructuras criminales, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño, tras los cambios en los acuerdos adelantados entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo.