Frente 36 habría amenazado al Metro y a la alcaldía de Medellín por extorsión a Hidroituango

El Frente 36 de las disidencias de las Farc habría amenazado al Metro de Medellín y a la Alcaldía en medio de exigencias económicas millonarias a Empresas Públicas de Medellín relacionadas con el proyecto Hidroituango.

La información fue revelada en un documento oficial que EPM envió a la Cámara de Representantes el pasado 28 de octubre en respuesta a una invitación a un debate de control político sobre la situación de seguridad y orden público en Medellín.

En la comunicación, dirigida al primer vicepresidente de la Cámara, Simón Molina Gómez, señaló que las exigencias alcanzaron los $5.000 millones como pago inicial y $500 millones mensuales, bajo amenazas contra Hidroituango, el Metro de Medellín y la Alcaldía de Medellín.

Acciones criminales y riesgos para EPM

Como parte de estas intimidaciones, la estructura ilegal instaló dos cilindros con explosivos en la vía de acceso al proyecto hidroeléctrico, donde un soldado resultó herido y un sargento murió.

Estas acciones provocaron afectaciones a la operación de Hidroituango, que estuvo cerca de una semana sin recibir carga crítica.

EPM también denunció atentados contra tres torres de transmisión de energía en Medellín y Bello, además de dos sobrevuelos de drones sobre la central hidroeléctrica durante marzo de 2026.

Ante los riesgos para sus trabajadores y la infraestructura, la empresa restringió temporalmente el ingreso de su personal a zonas rurales de Briceño y al menos 17 veredas.

Otro de los puntos destacados en el documento tiene relación con los acuerdos de Doha, suscritos el 5 de diciembre de 2025 entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo. Según EPM, estos acuerdos contemplaban pilotos de confianza y Zonas de Ubicación Temporal en 15 municipios del país, cuatro de ellos en Antioquia.

Sin embargo, la empresa advirtió que diez meses después el nuevo Gobierno terminó los acuerdos y retomó la ofensiva contra esta estructura armada, situación que, de acuerdo con el informe, ha estado acompañada de nuevas disputas territoriales, advirtiendo sobre otros riesgos para su infraestructura, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño.

También señaló que la minería ilegal representa un riesgo para las centrales hidroeléctricas Porce II y Porce III, debido a posibles afectaciones en sus instalaciones.

A esto se suman las denuncias por amenazas a conductores y líderes sociales vinculadas a estructuras criminales en Granizal, en el municipio de Bello, que han ocasionado interrupciones en el suministro de agua.