JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 uniformados en la Comuna 13
Entre los señalados están los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón.
JEP en la Comuna 13 de Medellín.
Medellín
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía por hechos ocurridos entre 2001 y 2004 en la Comuna 13 de Medellín y sectores aledaños. Entre los 12 máximos responsables señalados están los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes la Sala atribuyó responsabilidad por omisión.
La decisión hace parte del subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga los crímenes graves cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.
La Sala de Reconocimiento estableció que homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra la población civil hicieron parte de un patrón macrocriminal en el que participaron integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara.
La investigación identificó dos políticas que articularon estos hechos: la estigmatización de la población civil, señalada de pertenecer o colaborar con las milicias, y la no agresión y colaboración entre integrantes del Ejército, la Policía y los grupos paramilitares.
La JEP documentó 951 hechos victimizantes en la Comuna 13
Entre 2001 y 2004, la Sala determinó que se registraron 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 y sectores cercanos. Algunas víctimas sufrieron más de un crimen.
El universo provisional identificado por la investigación incluye 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 74 de lesiones personales, 34 de tortura y siete de violencia sexual. Además, se identificaron 380 víctimas de privaciones graves de la libertad.
La JEP también encontró actos de persecución contra lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), ocurridos entre 2002 y 2004.
Operaciones Mariscal y Orión, entre los hechos investigados
La Sala reconstruyó las operaciones militares y policiales desarrolladas en la Comuna 13, especialmente Mariscal y Orión, y determinó que durante su ejecución se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil.
Según la investigación, después de la Operación Orión, el Bloque Cacique Nutibara se convirtió en el actor hegemónico en la Comuna 13 y estableció un control social, territorial y económico sobre distintos sectores.
La JEP estableció que la alianza involucró a integrantes de unidades tácticas de la IV Brigada y sus unidades, entre ellas el Batallón de Ingenieros N.º 4 Pedro Nel Ospina, el Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío, la Brigada Regional de Inteligencia Militar y unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Mario Montoya y José Leonardo Gallego, entre los 12 máximos responsables
Entre los 12 máximos responsables seleccionados por la Sala están los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes la JEP atribuyó responsabilidad por omisión.
Para avanzar en la investigación, la Sala realizó 150 diligencias: 79 versiones voluntarias de integrantes de la Fuerza Pública —52 del Ejército y 27 de la Policía— y 71 testimonios. De estos últimos, nueve correspondieron a antiguos integrantes de grupos paramilitares, 16 a funcionarios públicos que pudieron conocer los hechos y 46 a víctimas y habitantes de la Comuna 13.
La investigación también inspeccionó 200 expedientes relacionados con homicidios y desapariciones forzadas e incorporó decisiones de la justicia ordinaria y de Justicia y Paz.
En relación con los hechos investigados, la JEP identificó cinco sentencias: una anticipada contra Diego Fernando Murillo Bejarano, por hechos que afectaron a seis víctimas; otra contra Jorge Enrique Aguilar, por hechos que afectaron a ocho víctimas; una sentencia de 2015 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que incluye una víctima de desaparición forzada; y dos sentencias anticipadas contra integrantes del Bloque Cacique Nutibara por hechos que afectaron a ocho víctimas de tortura. En la justicia penal militar no se encontró ningún fallo.
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La investigación se conecta con la búsqueda en La Escombrera
La JEP explicó que la investigación recogió los aportes de las víctimas y las organizaciones sociales y se articuló con la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera y otros lugares de la Comuna 13.
En la primera fase del subcaso Antioquia del Caso 08 se acreditaron 152 víctimas individuales y 12 víctimas colectivas que agrupan a 519 personas. También se incorporaron informes de organizaciones de derechos humanos, entre ellos los de la Corporación Jurídica Libertad, Mujeres Caminando por la Verdad, el Instituto Popular de Capacitación y la Fundación Santa Laura Montoya.
Esta imputación corresponde a una nueva decisión dentro del Caso 08, que investiga los crímenes graves cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes estatales en asociación con estructuras paramilitares. La jurisdicción ya había emitido una primera decisión en el subcaso Magdalena Medio. La imputación constituye una atribución de responsabilidad dentro del proceso de la JEP y no equivale por sí misma a una sentencia condenatoria.
Los 12 máximos responsables señalados por la JEP
La Sala atribuyó responsabilidad por omisión impropia a cinco oficiales retirados, por incumplir sus deberes de mando, control, verificación, investigación y protección: el brigadier general Mario Montoya Uribe, comandante de la IV Brigada; el coronel Bernardo Gutiérrez Camelo, jefe de inteligencia (B-2) de esa brigada; el coronel Jairo Bocanegra de la Torre, comandante del Batallón de Ingenieros N.º 4 Pedro Nel Ospina (BIOSP); el brigadier general José Leonardo Gallego Castrillón, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), y el coronel Álvaro Botero Mejía, subcomandante operativo de esa unidad.
Como coautores por sus aportes a la planeación, ejecución o encubrimiento del plan criminal, la JEP señaló al coronel Juan Armando René Cadena Montenegro, al capitán Carlos Mauricio Rojas Martínez, al coronel Julián Ernesto Cadena Castillo, al coronel Darío Enrique Cortés Castillo, al mayor Sergio Enrique Pérez García y al sargento Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa. El mayor Jhon Jairo López Valencia fue señalado como coautor por los homicidios cometidos durante la operación Contrafuego y como autor por omisión impropia.
Sebastián Estrada Ramírez
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...
