Los cambios al manejo de la protesta y la política carcelaria del Gobierno Nacional

Los panelistas de Hora 20 analizaron los cambios que planteó el Gobierno frente al manejo de las protestas, los protocolos que implementará la Fuerza Pública y las garantías que tendrán los manifestantes para ejercer sus derechos. Además, abordaron las políticas carcelarias que implementará el Ejecutivo y la propuesta de militarizar tres localidades de Bogotá.

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Lo que dijeron los panelistas

Ervyn Norza, oficial superior en retiro activo de la Policía Nacional y Doctor en Ciencia Política con énfasis en Seguridad y Policía de la Universidad de Los Andes, abordó la reacción de las autoridades frente a las manifestaciones. “La respuesta inmediata a las manifestaciones es la intervención de la policía, pero puede terminar con días o meses de diálogos Se prolonga un hecho que se puede solucionar desde el comienzo”, puntualizó.

Sobre la idea de militarizar Bogotá, comentó que debe haber una división clara de roles, pues los uniformados del Ejército Nacional puedente tener “falta de conocimiento” para enfrentarse a algunas situaciones de seguridad urbana. Más aún, porque uno de los principios que deben seguir es la proporcionalidad.

Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos y exasesor de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, indicó que para gestionar bien las protestas “el acto de coordinación es fundamental, la responsabilidad de evitar la confrontación por parte del PMU y que tome decisiones es fundamental; debe prevenir que tenga un escalamiento diferente. El reto es cómo interpretar las causales para pasar de un diálogo a una solución”.

También se refirió a la propuesta de militarizar Bogotá y las experiencias que se han tenido en otras ciudades del país. “En Cali se hizo un piloto de militarización, y hay evidencia de que no redujo la criminalidad en la ciudad. Más bien, una vez se levantó aumenta la criminalidad. Además, los militares no están entrenados para atender la seguridad urbana”, explicó Mariño.

Daniela Gómez, exviceministra de Políticas de Seguridad y Defensa, columnista y consultora en asuntos de seguridad, sostuvo que “en el proyecto de decreto sobre las protestas hay cosas polémicas, por ejemplo, si existe violencia individual se utilizarán armas menos letales para actuar, como gases lacrimógenos, pero el problema es que estas armas afectan a más de una persona”.

Además, señaló que los manifestantes están en riesgo debido a la presencia distintos actores. “La Comisión de la Verdad y la JEP demostraron que puede haber una infiltración en las marchas por parte de grupos al margen de la ley como actores del Estado, lo que lleva a un escalamiento intencionado”, explicó Gómez.

Steve Hege, cofundador del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Seguridad y exdirector de la oficina de Colombia del Instituto de Paz de Estados Unidos, aseguró que “el nuevo borrador mantiene una debilidad de la transformación del ESMAD al UNDMO, y es la utilización del instrumento del diálogo, una interlocución y una gestión conjunta para solventar la manifestación”.

Frente a las apuestas de política penitenciaria, Hege dijo que “muchos de los problemas del Inpec tienen que ver con el déficit de guardias. Además la construcción de las megacárceles debe ir acompañada de una solución para la criminalidad que hay dentro de las cárceles”.