Las razones por las que se frenó convenio de pasaportes del gobierno Petro

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó frenar de manera provisional los convenios que lo soportan. Las razones son claras: nadie pudo acreditarle al juez dónde están las libretas, quién las fabrica ni en qué condiciones de seguridad, y con esa incertidumbre el país corre el riesgo de una “eventual paralización completa e intempestiva” en la expedición del documento.

La decisión recoge, además, lo planteado por la Procuraduría y la Contraloría frente a un contrato de nada menos que 1,3 billones de pesos: la Imprenta Nacional no tenía la experiencia ni la idoneidad para asumirlo y, sobre todo, el gobierno Petro estructuró un modelo que, según los organismos de control, violó la ley, con consecuencias para los ciudadanos.

En consecuencia, el Tribunal ordenó a las entidades involucradas entregar, en un plazo de veinte días hábiles, un informe integral sobre lo efectivamente ejecutado, sobre la cadena de producción de las libretas y sobre todos los terceros que intervienen en ella.

“No se conoce con certeza cuál es el estado real de la operación”. Según la providencia, se ignora dónde se encuentran hoy las libretas de pasaporte —en Colombia o en el exterior—, si el lugar donde están reúne las condiciones de seguridad exigibles, dónde se adelanta materialmente la personalización, quién ejecuta realmente esas actividades y a qué costos.

La mala calidad de las libretas ha generado toda clase de denuncias: los viajeros reportan revisiones exhaustivas en aeropuertos, cuestionamientos sobre la autenticidad del documento, dificultades de lectura del chip e incluso retenciones migratorias en distintos países.

Por ahora, la medida cautelar no resuelve el fondo del asunto, pero marca un punto de inflexión. La Procuraduría General de la Nación demandó el convenio el 14 de octubre de 2025: el contrato se amparó en la figura de contratación con organismos internacionales, pese a que la participación financiera de la Casa de la Moneda de Portugal habría sido de apenas el 21 % del valor, muy por debajo del mínimo del 50 % que la ley exige para acudir a ese mecanismo. Al usar —indebidamente, según el Ministerio Público— esa figura, se habría evitado la licitación pública, vulnerando los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad y selección objetiva.

Sobre este punto, el Tribunal también constata la falta de acreditación de los requisitos presupuestales que la Procuraduría había señalado: un convenio con obligaciones proyectadas hasta 2036 por más de 1,3 billones de pesos requería autorización previa del CONFIS y una declaratoria de importancia estratégica mediante documento CONPES, avales que no se habrían obtenido.

En enero de este año, la Contraloría General emitió una advertencia por riesgo inminente de afectación al patrimonio público, por la ausencia de una proyección de costos, la exposición al riesgo cambiario del euro y el cobro de intereses que no existían en el modelo anterior.

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