Distrito no conocía amenazas contra Nailea Barros: Alta Consejera explica ruta de protección

El Distrito de Santa Marta no tenía conocimiento de las amenazas previas que, según denunció Nailea Barros, venía recibiendo desde hace más de tres meses, antes del atentado a bala ocurrido el pasado lunes en la ciudad.

Así lo explicó en diálogo con Caracol Radio Jennifer del Toro Granados, alta consejera para la Paz y el Posconflicto, quien aclaró que el Distrito recibe este tipo de información cuando las víctimas presentan su declaración ante el Ministerio Público a través de entidades como la Personería, la Procuraduría o la Defensoría.

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“Lo primero que debo decir para aclarar a la opinión pública es que el Distrito no tenía conocimiento de amenazas previas en contra de la dirigente política Nailea Barros. No quiere decir que estas amenazas no hayan ocurrido, lo que quiere decir es que el Distrito no tenía conocimiento” indicó la Funcionaria.

¿Cómo se activa la ruta de protección?

La funcionaria explicó que líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos que reciban amenazas deben adelantar dos rutas paralelas e independientes: una denuncia penal ante la Fiscalía y una declaración ante el Ministerio Público.

Esta última permite iniciar la valoración de los hechos, establecer si están relacionados con el conflicto armado y determinar la eventual inclusión en el Registro Único de Víctimas. Además, permite activar la ruta de protección correspondiente.

“La Fiscalía conoce los hechos penales, pero también y al mismo tiempo esta víctima debe presentar su declaración, ya no es denuncia, sino declaración ante el Ministerio Público para que se inicie la valoración de los hechos” añadió.

Según Del Toro Granados, cuando la ruta es activada, el Distrito realiza la solicitud ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y hace seguimiento a la implementación de las medidas.

Más de 120 rutas activadas en tres años

Las cifras entregadas por la funcionaria muestran que el Distrito ha activado 122 rutas de protección entre 2024 y lo corrido de 2026 para líderes, periodistas y defensores de derechos humanos que han reportado amenazas, hostigamientos o desplazamientos.

En 2024 fueron 50 rutas, mientras que en 2025 se activaron 56 y en lo corrido de 2026 van 16.

“Activar una ruta significa poner en funcionamiento las medidas de protección en favor del líder. Hacer la solicitud de manera directa a nosotros como entidad territorial ante la Unidad Nacional de Protección y brindar todo el seguimiento a la implementación de medidas”.

La alta consejera aseguró además que los casos activados cuentan con seguimiento de la UNP, ya sea durante la evaluación del nivel de riesgo, la definición de medidas o la implementación de esquemas de protección.

Medidas tras el atentado contra Nailea Barros

Frente al caso de Nailea Barros, el Distrito planteó ante el Subcomité de Prevención y Protección solicitar la toma de declaración de la dirigente, evaluar con la UNP la posibilidad de un esquema de protección mediante un mecanismo urgente y pedir a la Fiscalía priorizar la investigación para identificar y judicializar a los responsables del ataque.

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De esta manera, el caso vuelve a poner sobre la mesa las rutas de prevención y protección disponibles para quienes ejercen liderazgo político, social o comunitario en Santa Marta y enfrentan situaciones de riesgo.