Por supuesto desvío de dinero, Fiscalía acusó a 4 funcionarios y contratistas de alcaldía Quintero

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación acusó a Diana Paola Toro Zuleta, Jorge Enrique Liévano Ospina, María Eugenia Domínguez Castañeda y Mauricio Jaramillo Botero por hechos relacionados con la contratación de recursos provenientes del Presupuesto Participativo y Planeación Local de Medellín durante los años 2020 y 2021.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador durante la audiencia de acusación, el caso comenzó con los recursos administrados por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER) y posteriormente trasladados a Metroparques, entidad que terminó contratando a CIAN Eventos y Logística S.A.S., representada legalmente por Mauricio Jaramillo Botero.

La Fiscalía sostiene que los entonces funcionarios Diana Paola Toro Zuleta, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, desde sus respectivas funciones, habrían intervenido para favorecer los intereses económicos de esa empresa.

¿Cómo funcionó el contrato?

Según la acusación, el INDER celebró con Metroparques el contrato interadministrativo de mandato sin representación 390 de 2020, relacionado con la ejecución de actividades financiadas con recursos de Presupuesto Participativo.

Metroparques, posteriormente, adelantó el proceso contractual que terminó con la selección de CIAN Eventos y Logística S.A.S.

La Fiscalía cuestionó la forma en que se estructuró ese proceso. Señaló que no se habría realizado adecuadamente el estudio previo, que no existió una justificación suficiente de los precios y que se acudió a una invitación privada que, según el ente acusador, restringió la participación de posibles oferentes.

El proceso comprendía una cantidad considerable de actividades: 72 festivales deportivos, 593 eventos recreativos, 16 justas deportivas distribuidas en 257 torneos, 80 torneos barriales, 252 grupos de cuadras recreativas y 421 puntos activos.

Pese a la magnitud del contrato, la Fiscalía sostuvo que los participantes tuvieron apenas un día hábil para presentar sus propuestas y que las ofertas no contenían una estructura económica que permitiera justificar adecuadamente los precios.

CIAN terminó subcontratando las actividades

Otro de los cuestionamientos planteados durante la audiencia fue que CIAN Eventos y Logística S.A.S., empresa que resultó favorecida con la contratación, habría recurrido a la subcontratación de organizaciones sociales para ejecutar las actividades.

Para la Fiscalía, esto habría generado una cadena de intermediación que incrementó los costos del proyecto y puso en cuestión la capacidad real de la empresa contratista para desarrollar directamente el objeto contractual.

La acusación también señala que algunos de los elementos entregados, entre ellos balones, no cumplían con las especificaciones exigidas por el INDER. Pese a ello, según la Fiscalía, fueron recibidos a satisfacción por Metroparques.

El contrato, que inicialmente estaba previsto para un periodo cercano a dos meses y medio, terminó extendiéndose hasta 26 meses y medio y recibió modificaciones y adiciones. De acuerdo con la Fiscalía, el valor final llegó a $22.043 millones.

Los presuntos sobrecostos

El principal señalamiento económico de la Fiscalía está relacionado con la compra de uniformes, balones, implementos deportivos y medallas correspondientes a los años 2020 y 2021.

Según la acusación, las facturas de compra de estos elementos fueron valoradas en $2.942 millones, mientras que los investigadores determinaron un supuesto sobrecosto de $3.705 millones.

La Fiscalía sostiene que los funcionarios investigados habrían permitido el pago de precios que consideró artificialmente elevados.

En concreto, el ente acusador atribuyó a Diana Paola Toro Zuleta y Jorge Enrique Liévano Ospina una presunta apropiación de $1.999 millones, mientras que a María Eugenia Domínguez Castañeda le atribuyó una presunta apropiación de $3.705 millones.

Para la Fiscalía, estos recursos habrían terminado favoreciendo a CIAN Eventos y Logística S.A.S.

A Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de la empresa, la Fiscalía le atribuyó la presunta apropiación de $3.705 millones, mediante los cobros realizados a Metroparques por los bienes utilizados para ejecutar las actividades del contrato.

Los cuatro fueron acusados

Con base en estos hechos, la Fiscalía presentó acusación contra los cuatro procesados y planteó que actuaron bajo una distribución de funciones para permitir que los recursos destinados a las actividades de Presupuesto Participativo fueran ejecutados mediante una contratación que, según la hipótesis del ente acusador, terminó generando sobrecostos y un beneficio económico para el contratista.

La Fiscalía calificó jurídicamente los hechos, entre otras conductas, como peculado por apropiación, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.

La acusación constituye la teoría del caso de la Fiscalía y será durante las siguientes etapas del proceso donde deberán debatirse las pruebas y la responsabilidad individual de cada uno de los procesados.