Defensoría del Pueblo expresa preocupación por hostigamiento a estación de Policía en Guadalupe
La Defensoría recordó a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza.
Defensoría del Pueblo, realiza llamado tras ataque con dron en Estación de Policía en Antioquia
Antioquia
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el hostigamiento registrado contra la estación de Policía del municipio de Guadalupe, en el norte de Antioquia, en el marco de una serie de ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos que han afectado a distintas regiones del país.
La Defensoría advirtió que varios de estos hechos se han producido en cabeceras municipales o en inmediaciones de viviendas, establecimientos comerciales y vías de uso cotidiano. Algunos han generado afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad.
El organismo subrayó además el uso reiterado de drones y artefactos explosivos, modalidades que su Sistema de Alertas Tempranas ha advertido previamente y que están transformando las condiciones de la confrontación armada. Su empleo en zonas pobladas o próximas a bienes civiles, señaló, incrementa el riesgo de efectos indiscriminados y exige extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades.
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Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recordó a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza. Exigió el estricto respeto a los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario; abstenerse de realizar acciones que puedan producir efectos indiscriminados o poner en riesgo a la población civil; y cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.
La entidad anunció que continuará monitoreando la evolución de estos hechos y sus impactos humanitarios, e insistió en que la prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que las comunidades terminen pagando el costo de la violencia.