Fiscalía defiende traslado del caso contra 11 procesados por hechos violentos en protestas

La Fiscalía General de la Nación respondió a la controversia que generó la Resolución 171 del 16 de junio de 2026, mediante la cual suspendió la audiencia de acusación contra 11 personas procesadas por su presunta participación en actos de vandalismo y terrorismo ocurridos en Bogotá durante las protestas sociales de 2024 y 2025. La diligencia judicial fue reprogramada para el próximo 12 de agosto.

Según explicó el ente acusador, el traslado del expediente obedeció, en primer lugar, a la provisión del cargo que ocupaba la fiscal especializada que adelantaba el caso, pues esa plaza hacía parte de las vacantes ofertadas dentro del concurso de méritos de la entidad y fue asumida por otro funcionario.

Adicionalmente, la Fiscalía indicó que, tras revisar el proceso, encontró la necesidad de fortalecer el escrito de acusación para que las conductas atribuidas a cada uno de los procesados quedaran plenamente individualizadas y analizadas dentro del contexto en el que ocurrieron los hechos.

La entidad aseguró que esa situación también se evidenció en otros procesos relacionados con la protesta social, razón por la cual decidió crear un Grupo de Tareas Especiales mediante la Resolución 170 del 16 de junio de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo es adelantar una investigación contextualizada que permita “determinar con mayor precisión las responsabilidades individuales”, judicializar únicamente a quienes realmente corresponda y, cuando la ley lo permita, acudir a mecanismos de justicia restaurativa, conciliación o reparación integral.

La entidad insistió en que la estrategia no busca frenar las investigaciones por los hechos violentos registrados durante las manifestaciones. Por el contrario, señaló que pretende diferenciar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta de las conductas que constituyen delitos.

En ese sentido, citó lo dispuesto en la Resolución 170, según la cual “es admisible la investigación y judicialización de actos violentos cometidos en contextos de protesta social, siempre que las conductas estén estrictamente definidas en la ley, que no se criminalice el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y que el ejercicio de la acción penal observe criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad”.

La Fiscalía también recordó que la creación del grupo especializado respondió a decisiones judiciales que, en distintos procesos, dejaron en libertad a algunos investigados al considerar que las imputaciones no individualizaban adecuadamente la conducta de cada procesado, lo que debilitaba las solicitudes de medidas de aseguramiento.

Con este nuevo esquema, el ente acusador busca coordinar el trabajo de las diferentes direcciones y fiscalías delegadas para investigar de manera integral los hechos ocurridos durante las protestas sociales, incluidos aquellos relacionados con terrorismo, crimen organizado, violaciones a los derechos humanos y eventuales excesos en el uso de la fuerza, con el propósito de fortalecer las investigaciones y garantizar que las actuaciones se ajusten a los parámetros constitucionales y legales.