Defensoria rechaza propuesta de concejal ‘El Gury’ de bombardear territorios donde ganó Cepeda
La entidad solicitó al concejal de Medellín retractarse y envió una petición a la Fiscalía para investigarlo.
Concejal Andrés El Gury Rodríguez.
La Defensoría del Pueblo se pronunció en rechazo de las recientes palabras del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, “El Guri”, sobre “bombardear” los territorios en los que ganó por amplia mayoría Iván Cepeda en las pasadas elecciones presidenciales.
“Las afirmaciones parten del supuesto de que la votación amplia por la candidatura de dicha fuerza política evidencia el constreñimiento de grupos armados. Ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede justificar llamados a acciones dirigidas a comunidades enteras ni la estigmatización de poblaciones por la forma en que ejercieron su derecho al voto”, precisó la Defensoría.
“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas constituye un discurso incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho, desconoce la dignidad humana y pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianas”, agregó la entidad.
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La Defensoría le solicitó expresamente al concejal retractarse de sus afirmaciones hechas en el Concejo de la ciudad de Medellín.
“Sus pronunciamientos, por el impacto institucional que producen, deben observar estándares reforzados de veracidad, diligencia, responsabilidad, imparcialidad y respeto por los derechos humanos. Estos deberes constitucionales y legales impiden que la autoridad pública utilice su posición para estigmatizar poblaciones, asociar decisiones electorales con criminalidad o promover acciones violentas contra territorios y comunidades.
La entidad también le envió una petición a la Fiscalía para investigar los posibles delitos en los que haya incurrido el concejal.
“Las expresiones conocidas públicamente podrían configurar conductas graves, incluso delictivas, que deben ser evaluadas por las autoridades competentes, entre ellas posibles actos de instigación a delinquir, amenazas colectivas, hostigamiento o conductas asociadas a discriminación y violencia política. El fuero derivado del ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio, perfilamiento territorial o incitación a ataques contra la población civil”, señaló la Defensoría.
Finalmente, la Defensoría recalcó que resulta especialmente grave que este tipo de afirmaciones se produzcan en un país atravesado históricamente por la violencia y la persecución política, y la acción armada en contra de comunidades enteras.
“Asociar territorios y poblaciones con la idea de “enemigo” por el sentido de su voto alimenta narrativas de exclusión y profundiza la polarización social que tanto daño le ha causado al país”, puntualizó.