Esta semana la fiscalía revisará el contrato por $15.000 millones suscrito con Don Matías SAS

Tunja

Desde el 22 y hasta el 25 de junio la Fiscalía General de la Nación realizará una diligencia de inspección en las instalaciones de la alcaldía de Tunja de toda la documentación relacionada con un contrato interadministrativo por valor de $15.000 millones suscrito con la empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS cuando Mikhail Krasmov era alcalde de la ciudad y le giró el 95 por ciento del valor total.

La Fiscalía requirió la totalidad de la carpeta con los documentos luego que la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez advirtiera en una sesión en el concejo municipal de presuntas irregularidades en la ejecución del contrato para obras de infraestructura educativa, salones comunales, parques.

Según explicó la alcaldesa, el contrato supera los 15 mil millones de pesos y al contratista se le transfirió cerca del 95 % del valor total, equivalente a más de 14.300 millones de pesos. Jiménez cuestionó que esos recursos hubieran sido entregados sin garantías suficientes para proteger el dinero público y aseguró que la situación genera preocupación por el impacto que podría tener en las comunidades beneficiarias. «...No todo lo legal es necesariamente moral...», afirmó durante su intervención ante los concejales.

La mandataria sostuvo que presidentes de juntas de acción comunal y habitantes de diferentes sectores han expresado inquietudes por el estado de las obras, debido a que algunos proyectos presentan deterioro, otros no han iniciado y varios registran retrasos significativos.

De acuerdo con la alcaldesa, existen frentes de obra sin reactivación contractual, ausencia de informes de interventoría y falta de respuesta por parte del contratista frente a los requerimientos hechos por la Secretaría de Infraestructura.

En su declaración, Jiménez aseguró que durante cinco meses consecutivos la Administración Municipal ha evidenciado incumplimientos reiterados en distintos frentes del contrato. Además, afirmó que la situación podría trascender el ámbito administrativo y derivar en investigaciones por posibles actos de corrupción.

La alcaldesa indicó que existen indicios de presuntas conductas delictivas y mencionó la posible participación de funcionarios de alto nivel y organismos de control, aunque aclaró que los hechos aún están siendo revisados y documentados.