Gobierno acude a la Judicatura para revivir la Jurisdicción Agraria tras hundimiento en el Congreso

Los ministerios de Justicia y de Agricultura solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura definir una ruta institucional que permita poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria y Rural antes de 2027, pese a que el Congreso no ha culminado la aprobación de la ley que reglamenta sus competencias y procedimientos.

La petición fue presentada mediante una comunicación dirigida a las magistradas del Consejo Superior de la Judicatura, en la que el Gobierno sostiene que la jurisdicción ya cuenta con suficientes bases constitucionales, legales y jurisprudenciales para iniciar su implementación.

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De acuerdo con el documento, la Jurisdicción Agraria y Rural fue creada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 como parte de la Rama Judicial y constituye una herramienta clave para garantizar el acceso a la justicia en el campo colombiano, así como para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016.

El Gobierno recordó que la Corte Constitucional, en sentencias recientes, ha reiterado que esta jurisdicción es el juez natural de los conflictos agrarios y ha ordenado a las distintas ramas del poder público adoptar las medidas necesarias para asegurar su puesta en marcha progresiva y efectiva.

En la carta también se advierte que el Congreso no ha cumplido con el mandato de expedir la regulación especial sobre competencias y procedimiento agrario. Una primera iniciativa fue archivada en 2024 sin completar siquiera su primer debate, mientras que un segundo proyecto enfrenta serias dificultades para culminar su trámite legislativo antes del cierre de la actual legislatura.

No obstante, los ministerios argumentan que la ausencia de esa regulación específica no puede convertirse en un obstáculo para la entrada en funcionamiento de la jurisdicción. Aseguran que el ordenamiento jurídico colombiano ya cuenta con normas sustanciales y procesales suficientes para resolver conflictos relacionados con la tierra, la producción agropecuaria y la propiedad rural.

Por ello, solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura diseñar una ruta transitoria que incluya medidas administrativas, presupuestales y organizacionales para garantizar el inicio de operaciones de la jurisdicción antes de 2027. También pidieron avanzar en la creación de lineamientos para el traslado de procesos y la definición de competencias de los futuros jueces y tribunales agrarios.