Supersolidaria denuncia al alcalde de Santa Marta por presunta red de presión electoral

La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, y además contra funcionarios, contratistas y demás personas que pudieran resultar involucradas, por presuntas conductas relacionadas con participación indebida en política, constreñimiento al elector, utilización de recursos públicos y otras posibles irregularidades electorales.

Según la funcionaria, existiría una presunta estructura organizada al interior de la Alcaldía Distrital de Santa Marta para promover actividades político-electorales mediante la participación de contratistas, funcionarios y personal vinculado a distintas dependencias de la administración.

Las pruebas con las que la Supersolidaria sustenta la denuncia

Como soporte de la denuncia, la Superintendencia entregó a la Fiscalía documentos, cronogramas de actividades, capturas de conversaciones de WhatsApp y registros relacionados con una plataforma denominada “votaciones.xyz”, que, según los elementos aportados, habría sido utilizada para recolectar información de potenciales votantes.

Entre las pruebas allegadas aparecen listados denominados “Toma de barrios” y “Toma de semáforos”, en los cuales figuran distintas secretarías y dependencias de la Alcaldía de Santa Marta con fechas, horarios y puntos específicos para el desarrollo de actividades en diferentes sectores de la ciudad.

La documentación también incluye capturas de mensajes de WhatsApp y referencias a presuntas presiones ejercidas sobre equipos vinculados a programas públicos y de salud.

Las presiones que habrían sufrido contratistas y funcionarios

De acuerdo con la información publicada por la Superintendencia, algunas personas habrían sido presionadas para participar en jornadas de volanteo, recorridos en barrios, plantones, caravanas y actividades de registro electoral en apoyo a Aberlardo de la Esprella.

La denuncia sostiene que, presuntamente, la participación en estas actividades estaría siendo condicionada a la continuidad de contratos, renovaciones contractuales o pagos pendientes.

Incluso, según uno de los elementos aportados, algunos contratistas habrían sido advertidos de que quienes no participaran activamente en estas actividades durante las semanas previas al proceso electoral podrían quedar por fuera de la contratación pública.

Entre las capturas registradas también aparece un mensaje relacionado con presuntas presiones sobre equipos básicos de salud de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend y otro en el que se hace referencia a un compromiso de “20 registros por persona”, con fecha límite del 13 de junio.

Constreñimiento al votante y otros delitos bajo investigación

En el documento radicado ante la Fiscalía, la superintendente solicitó investigar posibles delitos como constreñimiento al sufragante, corrupción al ele4ctor, intervención en política de servidores públicos, uso indebido de datos personales y cualquier otra conducta penal que resulte probada durante el proceso.

En ese sentido, tambien pidió identificar a los responsables de las actividades descritas, inspeccionar chats y plataformas digitales, y tomar declaraciones a funcionarios, contratistas y demás personas que puedan dar cuenta de los hechos denunciados.

Asimismo, la Procuraduría fue informada para que determine si existieron faltas disciplinarias relacionadas con una eventual utilización de la estructura administrativa y de recursos públicos con fines electorales.

Ante el panorama al anunciar la denuncia, la superintendente María José Navarro aseguró que las evidencias conocidas son graves y pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría actuar con máxima celeridad.

“Los samarios merecen votar en libertad, sin miedo, sin presiones y sin que el poder contractual de una alcaldía sea usado para favorecer una campaña política”, afirmó la funcionaria.

Navarro aseguró además que, de comprobarse los hechos, se estaría frente a conductas como participación indebida en política, constreñimiento e incluso corrupción electoral.

“Lo que denunciamos es una presunta maquinaria institucional que estaría usando la necesidad laboral de contratistas y trabajadores como instrumento electoral. Esto debe ser investigado antes de que sea demasiado tarde”, concluyó.