Contraloría pide explicaciones a la ANI por disminución de precios de peajes y Autopistas del Café
La entidad advirtió sobre posibles riesgos fiscales derivados de decisiones que puedan afectar el equilibrio financiero de la concesión.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el futuro del contrato de concesión de Autopistas del Café y pidió explicaciones urgentes a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por posibles riesgos fiscales relacionados con una eventual terminación anticipada del proyecto y una posible reducción en las tarifas de peaje.
La advertencia quedó plasmada en un oficio enviado por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, en el que el organismo de control solicita información detallada sobre el estado actual del corredor vial Armenia - Pereira - Manizales, uno de los más importantes para la movilidad y el comercio en el Eje Cafetero.
El documento surgió después de una respuesta previa de la ANI, en la que la entidad reconoció que ya se vienen adelantando reuniones y procesos relacionados con la reversión, terminación y liquidación del contrato de concesión.
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Aunque la Agencia aclaró que todavía no se han definido pagos o compensaciones para el concesionario, la Contraloría considera que el tema podría representar riesgos para las finanzas públicas.
Actualmente, el contrato tiene prevista su etapa de operación y mantenimiento hasta el 1 de febrero de 2027. Es decir, en teoría, la concesión todavía sigue vigente y funcionando bajo las condiciones establecidas en el Contrato Nro. 0113 firmado en 1997.
¿Por qué la Contraloría intervino?
La principal preocupación del ente de control es que si el Gobierno cambia las condiciones pactadas con el concesionario, podría verse obligado a pagar compensaciones millonarias para cubrir pérdidas o desequilibrios financieros.
Por eso, la Contraloría pidió a la ANI explicar con claridad si realmente está estudiando una terminación anticipada del contrato y cuáles serían las razones técnicas, jurídicas y financieras para hacerlo. También exigió conocer cuánto dinero podría costarle esa decisión al país.
Además, solicitó un informe detallado sobre el estado de la concesión, incluyendo temas relacionados con diseños, construcción, operación y mantenimiento de las vías. El organismo quiere establecer si el contrato sigue oficialmente en etapa de operación y mantenimiento o si ya se están dando pasos hacia su cierre definitivo.
La polémica por los peajes y el riesgo fiscal
Uno de los conceptos más importantes del oficio es el “riesgo fiscal”, el cual se refiere a la posibilidad de que el Estado termine enfrentando gastos inesperados o pagos elevados que afecten las finanzas públicas.
En cuanto a ello, a la Contraloría le llamó la atención las versiones sobre una posible reducción en las tarifas de peaje para vehículos de categorías 1, 2 y 3, es decir, carros particulares, buses pequeños y algunos vehículos de carga.
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El organismo le pide a la ANI confirmar si esa rebaja realmente está siendo evaluada y, en caso de ser cierto, entregar los estudios técnicos que justifiquen la medida.
La preocupación radica en que los peajes son una de las principales fuentes de financiación de las concesiones viales. Cuando disminuye el recaudo, normalmente alguien debe asumir esa diferencia.
En este caso, la Contraloría quiere saber si el Estado tendría que compensar económicamente al concesionario por recibir menos ingresos y de dónde saldrían esos recursos públicos.
La Contraloría advirtió que una “intervención unilateral e injustificada” en las tarifas de peaje o una terminación anticipada del contrato podría generar un “desequilibrio financiero” en la concesión.
Revisión de cuentas
El organismo también solicitó un reporte completo sobre la situación financiera actual de la concesión.
Entre los puntos requeridos están posibles pagos pendientes al concesionario por obras complementarias, compensaciones o ingresos mínimos garantizados, que son mecanismos que existen en algunos contratos de concesión y que obligan al Estado a cubrir parte de las pérdidas del concesionario cuando el recaudo esperado no se cumple.
La Contraloría le dio a la ANI un plazo de tres días hábiles para entregar toda la información solicitada de manera “clara, organizada y completa”.