Los rumores y las verdades sobre el escándalo del Liceo Francés

En septiembre de 2022 Maxime Prieto recién comenzaba su periodo reglamentario de cuatro años como rector en el Liceo Francés de Bogotá cuando tuvo que tomar la primera decisión que le hizo ganar poderosas enemistades entre algunos padres de alumnos del colegio: canceló un proyecto inmobiliario de dos torres de apartamentos que se iban a construir en terrenos del Liceo y que los entonces integrantes del Consejo de Administración estaban impulsando a tal velocidad que aspiraban a comenzar las obras sin tener la licencia de construcción.

Los miembros del Consejo aseguraban que la piscina olímpica, la galería de arte y los salones múltiples iban a ser para beneficio de los estudiantes. Pero poco hablaban de los apartamentos que se iban a vender, los locales comerciales que se pensaban alquilar y mucho menos del espacio al aire libre que le iban a quitar a los alumnos del colegio.

Era todo un proyecto de renovación urbana en el metro cuadrado más caro de Colombia, usando terrenos de una organización sin ánimo de lucro como lo es el Liceo Francés.

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Este colegio, siendo un establecimiento de élite, es bastante sui generis. Por un lado, en el mismo colegio estudia la hija del presidente Petro y los hijos del alcalde Carlos Fernando Galán. Junto a ellos están hijos de congresistas y de magistrados. Y también junto a ellos, gracias a la subvención y la política educativa que promueve el gobierno francés, los hijos de la enfermera, de los encargados de servicios generales, de la recepcionista y de cualquiera de los empleados más humildes del colegio reciben la misma educación, la misma alimentación, el mismo trato, en los mismos salones y junto a los hijos de algunas de las personas más poderosas de Colombia. No hay discriminación. Hasta ahora.

Según pudo establecer 6AM de Caracol, en el último año, bajo la presidencia de Cecilia Urrutia, en el Consejo de Administración se ha hablado por lo menos en tres ocasiones de la ‘desconvencionalización’ del Liceo. Es decir, cortar el cordón umbilical con Francia y de paso acabar con esa particular apuesta democratizadora. El argumento que se ha venido promoviendo como rumor es que desde el Consejo de Administración han descubierto graves hechos de corrupción del rector Prieto. Hasta el momento no han presentado una sola prueba. Pero a toda persona con quien hablan le dicen que es gravísimo.

De hecho, en diciembre del año pasado, el Consejo propuso a la embajada de Francia adelantar unas auditorías forenses para demostrar los supuestos hechos de corrupción. Se comprometieron a hacer la auditoría de la mano de la embajada, pero eso nunca ocurrió: la hicieron en solitario. También se comprometieron a entregar los resultados de la auditoría en febrero de 2026. Eso tampoco ocurrió. Pudimos confirmar que la entrega se realizó hace apenas dos semanas y que en los resultados se habla de procesos administrativos que deben mejorarse, pero no hay ningún elemento concluyente sobre hechos de corrupción. A pesar de esto, los miembros del Consejo siguen afirmando que “a lo mejor el rector se robó dinero”.

Lo que no es un rumor son las malas prácticas de gobernanza que se han venido consolidando en el Consejo de Administración, comenzando por la nominación de su actual presidenta, quien cumple tres años en el consejo, a pesar de que el reglamento determina que una persona puede estar un máximo de dos años participando en el mismo. Urrutia evade la norma gracias a un tecnicismo: ya no es representante electa por los padres, sino la representante de la APA (Asociación de Padres de Alumnos). Hecho delicado, si se tiene en cuenta que la APA tiene suspendida su personería jurídica desde diciembre de 2025 por no presentar estados financieros ante la Secretaría de Educación de Bogotá.

A eso se suma que el Consejo de Administración, que en términos empresariales podría asimilarse a una junta directiva, hoy está copado por un grupo de amigas que se conocen desde que compartieron aulas en el colegio: Cecilia Urrutia, María Iregui y Maria José Idrobo, quienes abiertamente vetan la posibilidad de que ingresen al Consejo personas ajenas a su círculo, como fue el caso del vicerrector de la Universidad de los Andes, Mauricio OIivera, a quien ni siquiera dejaron postular.

Junto al grupo de amigas están personas con vínculos profesionales con el fondo Ashmore. Es el caso de Patricio Scaff, especialista en alianzas de la CAF; así mismo, en el Consejo hay personas con actitudes reprochables, como es el caso de Remi Forel, quien, según la denuncia que reposa en la Fiscalía General de la Nación, fue quien llamó a Gina Rojas, otra mamá del colegio, para amenazar a su hija y la empresa en la que trabajaba si no retiraba su candidatura al Consejo de Administración.

De hecho, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración ahora enfrenta cargos por fraude procesal luego de contestar con falsedades a una tutela interpuesta por un padre de familia a quien el Consejo ordenó cancelar la matrícula de su hijo porque él no se la llevaba bien con Cecilia Urrutia. Los miembros del Consejo ahora implicados, negaron ante el juez haber dado dicha orden, pero luego hubo pruebas que demostraron que ellos estaban ocultando la verdad.

Ese Consejo de Administración es el que durante seis meses hizo caso omiso a la solicitud del gobierno francés para que en unos nuevos estatutos se democratice la elección del Consejo. Ese Consejo de Administración es el que desde el jueves pasado no ha querido atender a los periodistas de 6AM de Caracol. Ese consejo de administración es el que anuncia en un comunicado que mañana martes habrá reunión con “delegados de los padres de familia”, pero que a la pregunta de decenas de padres sobre cómo involucrarse en la reunión guarda silencio, como lo demuestra un chat en donde María y María José, miembros del Consejo y amigas de Cecilia Urrutia, leyeron la pregunta y callaron.

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Caracol ha insistido en la solicitud de información de parte del Consejo de Administración. Ante el silencio de su máxima autoridad se envió un cuestionario en formato de derecho de petición con la esperanza de que el órgano colegiado, por fin, explique sus actuaciones con pruebas y argumentos, no con rumores. Por lo pronto, este lunes el Consejo emitió un nuevo comunicado en el que habla de las auditorías que no se han conocido y reitera que se logró un acuerdo para que el Liceo no pierda la convención con Francia, sin embargo, no explican porqué durante 6 meses no quisieron aceptar las condiciones que ahora sí aceptan a la embajada de Francia y tampoco responden a los papás que exigen una asamblea general de padres de familia.

Escuche la entrevista completa a continuación: