Red de Veedurías denuncia penalmente a directivos de Nepsa Quindío por “secuestro”de 37 mil usuarios
Más de 10.834 suscriptores en Circasia y Quimbaya se ven impedidos de ejercer su derecho a la libre elección de operador, pese a las graves fallas en la recolección de basuras.
La Red de Veedurías de Colombia, instauró una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra funcionarios y directivos de la empresa NEPSA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P..
La acción judicial responde a la presunta obstrucción sistemática del derecho de traslado de operador para más de 10.834 suscriptores (aproximadamente 37.000 personas), quienes enfrentan una creciente crisis sanitaria en los municipios de Circasia y Quimbaya.
Según la denuncia, la situación habría desencadenado una de las crisis más graves en la prestación del servicio público de aseo en esta región del país, debido a presuntas fallas sistemáticas en la recolección de residuos, incumplimientos en frecuencias, horarios, parque automotor y atención al usuario, además de supuestos obstáculos administrativos para impedir que miles de ciudadanos pudieran desvincularse del operador actual pese a cumplir con los requisitos legales.
La Red de Veedurías asegura que, de las miles de solicitudes de cambio de operador presentadas desde septiembre de 2025, solo 562 habrían sido habilitadas, dejando represadas cerca del 95 % de las solicitudes, en medio de denuncias ciudadanas que señalan sentirse “secuestrados” por el prestador actual.
Pese a que miles de usuarios han solicitado la terminación de sus contratos cumpliendo con los mismos requisitos legales y de pago, se estima que más del 95% de las solicitudes de desvinculación permanecen estancadas, de las cuales cerca de 5000 por devoluciones se hayan en mora por el envió de manera incompleta la documentación respectiva a la Superintendencia de Servicios Públicos – que tampoco ha tomado los correctivos del caso dejando a los ciudadanos en una situación que califican como un “secuestro” por parte del operador actual.
Señalamientos y presuntos delitos La denuncia penal vincula a gerentes y exgerentes de la entidad, entre ellos Luis Fernando Echeverri Parra, Luisa Fernanda Caro Arias y María Alejandra Taborda Montoya, junto a otros directivos de la firma. Los cargos imputados incluyen:
· Fraude procesal.
· Prevaricato por omisión y por acción.
· Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Adicionalmente, la Red de Veedurías anunció la preparación de una acción de grupo en representación de miles de usuarios, con el propósito de reclamar indemnizaciones por los perjuicios económicos, ambientales y sanitarios derivados de las presuntas fallas en el servicio y de la obstrucción en el derecho a escoger libremente un nuevo operador.
La controversia pone bajo escrutinio la prestación del servicio de aseo en Circasia y Quimbaya, dos municipios estratégicos del Quindío, donde líderes ciudadanos y organismos de control advierten sobre el impacto que esta situación podría estar generando en la salud pública, el turismo, el medio ambiente y la confianza institucional.
Este caso abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la eficiencia, vigilancia y garantías de libre competencia en los servicios públicos domiciliarios, mientras miles de usuarios esperan respuestas de las autoridades judiciales y de control.