Ministerio de Salud pide revivir decreto que reorganizaba territorialmente a las EPS

El Ministerio de Salud presentó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica con el que busca revocar la suspensión provisional del Decreto 182 de 2026, una de las apuestas regulatorias del Gobierno para reorganizar territorialmente el funcionamiento de las EPS y redistribuir afiliados entre entidades bajo criterios poblacionales y regionales.

La norma había sido suspendida de manera provisional por el alto tribunal tras una demanda que advertía posibles afectaciones al derecho de libre escogencia de los usuarios y riesgos sobre la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

Sin embargo, en el recurso de suplica radicado el 13 de mayo, el Gobierno insiste en que el decreto no eliminaba la libre escogencia ni creaba monopolios regionales de EPS, sino que buscaba establecer mecanismos de reorganización del aseguramiento para enfrentar problemas de fragmentación, baja capacidad operativa y dificultades de acceso en varias regiones del país.

¿Qué buscaba el Decreto 182?

Según el Ministerio de Salud, el decreto pretendía reorganizar la operación territorial de las EPS mediante criterios relacionados con número de afiliados, capacidad operativa, sostenibilidad financiera y conformación de redes de atención.

El documento señala que en muchos municipios del país existen varias EPS operando con pocos afiliados y baja capacidad instalada, situación que, según el Gobierno, dificulta garantizar continuidad en la atención, redes suficientes y sostenibilidad del sistema.

En ese sentido, el decreto contemplaba mecanismos de asignación y redistribución de afiliados cuando una EPS dejara de operar en determinados territorios o no cumpliera con los criterios establecidos. De acuerdo con el Ministerio, esas medidas serían temporales y los usuarios podrían posteriormente ejercer nuevamente su derecho de traslado hacia otra EPS habilitada.

El Gobierno sostiene además que el modelo estaba enfocado especialmente en regiones apartadas, municipios con baja densidad poblacional y zonas donde históricamente existen mayores barreras de acceso a servicios de salud.

Las críticas del Gobierno a la decisión judicial

En el recurso de la suplica ya mencionada, la cartera también cuestionó la decisión que frenó provisionalmente la norma. El documento asegura que existiría un “sesgo ideológico” en el análisis realizado por la magistrada ponente y afirma que la providencia parte de una visión “neoliberal y privatista” del sistema de salud.

Además, argumenta que mantener suspendido el decreto podría profundizar problemas estructurales del sistema como la fragmentación territorial del aseguramiento, las dificultades para conformar redes integrales de atención y los riesgos de sostenibilidad financiera en algunas regiones del país.

Cabe recordar que, desde su expedición, el Decreto 182 de 2026 generó debates y preocupación en distintos sectores del sistema de salud por el posible traslado masivo de afiliados entre EPS y las eventuales afectaciones en continuidad de tratamientos, acceso a especialistas y garantía en la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.

La discusión también se centró en el alcance que tendría la reorganización territorial planteada por el Gobierno sobre la libre escogencia de los usuarios dentro del sistema.