MinAmbiente y campesinos de Santander llegan a acuerdo para proteger el páramo Almorzadero
Se busca proteger 151.000 hectáreas de ecosistema entre Santander y Norte de Santander
Después de varios meses de tensión con las comunidades campesinas en Santander, la ministra de ambiente, Irene Vélez confirmó que se había llegado un acuerdo entre la comunidad y Ministerio de Ambiente para establecer una Zona de Reserva Temporal en el páramo Almorzadero.
El territorio se abarca entre Santander y Norte de Santander, y tiene el fin de frenar proyectos mineros y garantizar la protección del territorio.
La decisión, oficializada mediante la Resolución 460 del 13 de mayo, busca proteger más de 151.000 hectáreas de ecosistema estratégico y busca cumplir uno de los principales compromisos adquiridos por el Gobierno tras las protestas campesinas que empezaron en octubre de 2024 y posteriormente, el anuncio de un paro en mayo de 2026 por incumplimientos institucionales.
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Hay que recordar que dichas movilizaciones y bloqueos, de hace dos años, se hicieron en varios corredores viales en Santander, Norte de Santander y Boyacá, en los que los campesinos exigían claridad sobre la delimitación de los páramos, el uso del suelo y restricciones ambientales.
Y, en cuanto a la de este año, los líderes campesinos aseguraban que la creación de una reserva temporal seguía sin concretarse y que existía preocupación por posibles actividades extractivas en la zona.
¿De qué se trata la medida?
El páramo Almorzadero es una de las principales fuentes hídricas del nororiente del país. De allí depende el abastecimiento de agua para más de 180.000 personas en Santander y Norte de Santander, además de actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas históricamente por familias campesinas de la región.
El diálogo que abrió camino para la decisión del ministerio de ambiente, fueron las mesas técnicas de diálogo en Cerrito, Santander, para revisar el uso del suelo en predios ubicados dentro del ecosistema del páramo.
Con la nueva medida, el Gobierno prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras dentro del área protegida y también limita la expansión de la frontera agropecuaria durante un periodo inicial de cuatro años, prorrogables por dos más.
Sin embargo, la resolución aclara que las comunidades podrán continuar desarrollando actividades tradicionales como agricultura, ganadería de pequeña escala, turismo rural, pesca de subsistencia y aprovechamiento forestal doméstico, siempre que se hagan bajo prácticas sostenibles y acordes con la conservación del ecosistema.
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A su vez, Irene Vélez aseguró que la decisión busca reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades rurales. Según explicó, la declaratoria reconoce el papel de los campesinos como actores clave en la protección ambiental y en el cuidado del agua.
“La apuesta es aportar de esta manera a la conservación, la regulación hídrica, la biodiversidad y el abastecimiento de agua de cerca de 180.000 habitantes. (...) La medida reconoce el papel histórico de las comunidades campesinas en el cuidado del territorio y reafirma que las decisiones ambientales se construyen con la gente desde los territorios.”, afirmó Vélez.
El área protegida abarca 17 municipios de la Cordillera Oriental y conecta importantes complejos de páramo como el Cocuy y Santurbán-Berlín. Esto convierte al Almorzadero en un corredor ambiental estratégico para la conservación de biodiversidad y regulación hídrica en el país.