UNAL cambiaría su modelo de poder: reforma redefiniría quién decide y cómo se participa

La Universidad Nacional de Colombia se encamina a uno de los cambios institucionales más relevantes de los últimos años. El Consejo Superior analiza borradores del nuevo Estatuto General y del Estatuto de Participación, una reforma que, de ser aprobada, redefiniría la forma en que se gobierna la institución y ampliaría el papel de la comunidad universitaria en la toma de decisiones.

La iniciativa se da del proceso constituyente universitario iniciado en 2025, que recogió propuestas de estudiantes, profesores, trabajadores y egresados en todas las sedes. El objetivo central lo plantean desde el punto de democratizar la vida universitaria y responder a cuestionamientos históricos sobre la concentración del poder en pocos órganos y la limitada incidencia real de la comunidad.

Un cambio estructural en el modelo de gobierno

El borrador del Estatuto General plantea una reconfiguración de la arquitectura institucional. En este documento se redefinen los principios, la organización y los órganos de gobierno de la Universidad.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del Congreso Universitario como parte del sistema de gobierno, un proceso y decisión que buscaría ampliar la representación y abrir espacios de deliberación y decisión más amplios dentro de la institución.

La propuesta también introduce un giro en la visión de la Universidad: la define como un bien común, refuerza la democracia participativa y promueve un modelo multiestamentario, es decir, con mayor participación de los distintos sectores en la orientación institucional.

En la práctica, esto apuntaría a un modelo menos centralizado y más distribuido, en el que las decisiones no recaigan exclusivamente en los órganos tradicionales, sino que incorporen de manera más directa la voz de la comunidad universitaria, estudiantado en principio.

El otro pilar: cómo se participa

La reforma se complementa con el Estatuto de Participación, que no redefine la estructura del poder, pero sí establece las reglas para ejercerlo.

Este documento plantea que la participación deje de ser únicamente consultiva y pase a tener mayor incidencia. Entre sus principales medidas, establece que las propuestas de la comunidad deberían recibir respuestas públicas, motivadas y verificables por parte de las autoridades, lo que fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, se contemplan mecanismos de control social, seguimiento a la gestión institucional y mayores garantías para la participación, incluyendo la prohibición de represalias o estigmatización por razones políticas, académicas o de organización.

También se prevé que la Universidad deba generar condiciones reales para participar, como acceso a información clara, espacios de deliberación y tiempos adecuados, con el fin de que la participación no sea solo formal, sino efectiva y para todos.

Más participación, pero sin ruptura total

A pesar del alcance de la reforma, el propio diseño de los estatutos deja ver que el cambio no sería absoluto. El Estatuto de Participación establece expresamente que no modifica la estructura orgánica del gobierno universitario, lo que implica que los órganos tradicionales conservarían sus funciones.

Esto significa que, aunque se ampliarían los mecanismos de participación y se crearían nuevas instancias, el poder no se trasladaría completamente a la comunidad, sino que se reconfiguraría de manera progresiva.

En ese escenario, las autoridades mantendrían su rol, pero bajo nuevas reglas que exigirían mayor apertura, diálogo y justificación de sus decisiones frente a la comunidad universitaria.

En ese sentido, la reforma abre una discusión de fondo dentro de la Universidad Nacional. Por un lado, plantea un avance hacia una institución más democrática, con mayor inclusión, deliberación y control social. Por otro, deja interrogantes sobre cómo se equilibrará ese modelo con la capacidad de tomar decisiones de manera ágil y efectiva.

Por ahora, los documentos se encuentran en etapa de discusión y no han sido expedidos oficialmente. Su eventual aprobación dependerá del trámite interno en el Consejo Superior y del desarrollo del proceso constituyente universitario.

De concretarse, la reforma marcaría un punto de inflexión en la Universidad Nacional: cambiaría las reglas de juego, ampliaría la participación y redefiniría la relación entre autoridades y comunidad, en un proceso que podría transformar de fondo la forma en que se gobierna la principal universidad pública del país.